Un total de 84 residencias privadas han sido adquiridas por fondos de inversión entre 2002 y 2022, un negocio al alza, tal y como se refleja en la investigación citada y explica Ayoze Alfageme Ramírez, investigador en la Universidad de Ginebra y coescritor de este paper junto a Alejandro Morcuende. Alfageme asegura que la mayoría de estos fondos son de un tipo especial, denominado Private Equity, y siguen un modelo muy particular: compran negocios de muy diferentes tipos con el objetivo de que en un periodo corto sean revendidos para sacar dinero. “Esto nos dice una cosa importante: a ellos no les importan en el largo plazo las residencias, quieren revenderlas en poco tiempo”, valora. Además de esto, realizan la compra de estos negocios con la adquisición de deuda. Deuda que luego asignan a las propias residencias, dejando con su marcha lugares endeudados. “Estas prácticas no están reguladas y pueden realizarlas libremente”, se queja este investigador.

A este modus operandi le sacan aún más tajada. “En algunos casos estos fondos de inversión ponen a la venta el edificio en el que está la residencia y parten las empresas en dos: por un lado la gestión y por el otro la propiedad. La residencia debe pagar un canon por utilizar la propiedad. Esto es una buena forma de generar dinero para repatriar hacia el fondo de inversión. Es ir desmantelando poco a poco”, explica Alfageme.

El informe El negocio de las residencias en Bizkaia, elaborado por el sindicato ELA, OMAL y el colectivo Amarantas, habla de un mecanismo que se llama leasing, mediante el que se vende el edificio a un fondo de inversión con el compromiso de alquilarlo a la empresa gestora de la residencia por un periodo de tiempo estipulado. “De esta forma se puede utilizar el inmueble como un activo aparte para la especulación financiera, mientras se carga a la gestión de la residencia con otro coste añadido de alquiler que va en detrimento de los recursos para personal, alimentación o productos de higiene”, explican. En este informe ponen como ejemplo a Healthcare Activos, una socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria) que cerró el año 2020 con más de 500 millones de euros en activos, entre ellos los edificios de la residencia Colisée en Bilbao y la residencia de Clece en Barakaldo. 

De las 5.178 residencias que existen en España solo el 26% son públicas y tan solo el 11% están gestionadas por la administración. En cuanto al porcentaje de camas, el 87% están gestionadas por el sector privado

Otro de los factores que favorecen la proliferación de estos actores es el elevado número de residencias en manos privadas. Incluso las residencias públicas, en un buen porcentaje, acaban siendo privatizadas. En España hay cuatro tipos de gestión para estos centros: los que son 100% públicos, los que son 100% privados, los que son públicos pero gestionados por empresas privadas y aquellos privados que cuentan con camas concesionadas con la administración. Según los datos recogidos en el libro ¡Vergüenza!, el escándalo de las residencias, de las 5.178 residencias que existen en España solo el 26% son públicas y tan solo el 11% están gestionadas por la administración. En cuanto al porcentaje de camas, el 87% están gestionadas por el sector privado.

En Euskadi, y según el informe de ELA, el 91% de las camas son de titularidad privada: de 153 residencias, solo 13 son públicas. En cuanto al trasvase de dinero público hacia la iniciativa privada, en este informe, y a través del análisis de una convocatoria pública, se infiere que la administración pública paga un precio de 95,37 euros al día por residente, es decir, dedica 34.810 euros al año por cada plaza gestionada de forma privada. En total, para un objetivo de 3.125 plazas, la convocatoria estipula un presupuesto de 11,3 millones de euros para 2023.

Gracias a las enrevesadas estructuras de las empresas que están en manos de fondos de inversión, se da la paradoja de que dinero público acaba en paraísos fiscales, tal y como explica Manuel Rico. “Montan complicadas estructuras que acaban en paraísos fiscales: viven del dinero público y evitan pagar impuestos”, se queja este periodista.

El otro gasto con el que pueden ahorrar los fondos de inversión es la comida, uno de los frentes de batalla para residentes y familias. “Vitalia Home hace una compra a un mismo proveedor para todas las residencias que gestiona en el Estado español. No es lo mismo comprar un kilo de pescado que 50 kilos para ahorrar. El mes pasado sirvieron comida en mal estado a toda la residencia”, afirma Laura Espallardo, familiar de una residente de la residencia Vitalia Home Leganés (Madrid) y portavoz de Unión de Residencias de Leganés.

“Vitalia Home hace una compra a un mismo proveedor para todas las residencias que gestiona en el Estado español. No es lo mismo comprar un kilo de pescado que 50 kilos para ahorrar. El mes pasado sirvieron comida en mal estado a toda la residencia” 

En 2020 los fondos de inversión ya tenían una situación predominante en el sector de las residencias. Con la escasez de personal y de materiales reinante, estalló una pandemia que enseñó las costuras de este modelo. Así lo explica María Jesús Valero. Su padre falleció en los meses más duros del covid, cuando murieron 9.468 ancianos y ancianas en todas las residencias de Madrid, el 21,5% de los que ocupaban plazas. El 77% de ellos —7.291— murieron sin ser trasladados a un hospital como producto de los protocolos firmados por altos cargos del Gobierno de Ayuso, que condicionaban la atención hospitalaria a las capacidades físicas y cognitivas del residente. Su padre fue uno de estos fallecidos y hoy lucha para que se haga justicia en la asociación 7.291 Verdad y Justicia.

Carmen Gómez, trabajadora de Vitalia Home Parla, explica que su lesión sucedió durante la época del covid, cuando estaban en cuadro y había que correr todavía más de un lado para otro. Recuerda escasez de material de protección. Al principio llevaban bolsas de plástico, luego consiguieron “el mismo EPI para todas las habitaciones”. “Cuando entrabas en el turno te daban dos mascarillas para todo el día y los guantes también contados. La mayoría de las chicas hacían cambio de pañal con los mismos guantes para todos”, relata.

Laura Espallardo, familiar de una residente en el centro Vitalia Home Leganés, habla de un antes y un después en el modelo de negocio tras la pandemia. Su madre lleva siete años en allí y ha vivido diferentes etapas. “Ahora, si necesitas fisioterapia o cualquier servicio, te lo tienes que pagar aparte. Antes de la pandemia tenían un planning que incluía tres días de fisioterapia y también terapia ocupacional. Después de la pandemia, si no pagas te hacen lo mínimo, un poco de gimnasia colectiva y un de calor en el hombro o te ponen a hacer sopas de letras. A mí madre la tienen que movilizar los brazos y las piernas, antes la movilizaban 20 minutos y ahora cinco o diez. Muchas veces se les olvida”, se queja Espallardo, mientras añade otros métodos agresivos que están implementando: llamadas para ofrecer servicios como logopedia, “cual empresa de telemarketing”.

Se precisa legislar, investigar, multar

Para el investigador Ayoze Alfageme, la solución es explorar un camino contrario al propulsado desde la Administración. Explica que, con la Ley 39/2006 de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como Ley de Dependencia, lo que se ha hecho es un “cierre regresivo” del problema. La ley reconoce unos derechos fundamentales pero, como no se pueden satisfacer con medios públicos, abre la puerta a estos fondos, ya que la manera de garantizar estos derechos es mediante subvenciones a empresas privadas. “La ley, bienintencionada, es una mala ley”, resume.

Una ley que ofrece a las familias plazas en centros públicos o en centros privados así como ayudas económicas para estos últimos. Así lo explica Laura Espallardo; la residencia de su madre es privada pero tiene más de 200 plazas concertadas, de las 300 que alberga. “La gente que paga una plaza privada abona 2.200 euros al mes y obtiene un cheque, fijado en la Ley de Dependencia, de entre 400 y 750 euros”, explica. Luego están las plazas concertadas con la administración en dos modalidades: o bien un copago del 50% (la administración pone 1.100 euros y el usuario otros 1.100 euros) o bien un copago con la pensión en la que el usuario entrega la mitad de su paga y la administración completa. “Se llevan pasta por todos lados”, resume.

Para Manuel Rico la solución pasa por tres verbos: legislar, inspeccionar y sancionar. “Y en los tres el Estado está ausente”, advierte. “Si hubiese una legislación exigente, con ratios altas, todas las habitaciones tuvieran camas individuales, con excepciones si hay parejas o gente que necesita acompañamiento, en comunidades de convivencia de máximo 15 personas ya no habría negocio, no sacarían la rentabilidad que necesitan y el sector dejaría de ser atractivo para los fondos de inversión”, explica este periodista.

“Si te falta una gerocultora por la que pagas 30.000 euros y te sancionan con 6.000, estás incitando a incumplir las ratios”

Otro de los puntos a mejorar serían las inspecciones: en la actualidad hay 250 inspectores para 5.200 centros y el sistema no funciona, valora. Tampoco funciona el régimen sancionador: “Si te falta una gerocultora por la que pagas 30.000 euros y te sancionan con 6.000, estás incitando a incumplir las ratios”. “Con estas tres cosas los fondos de inversión no vendrían y esta vía sí está en manos de los políticos”, apunta Rico.

Mientras, Beatriz Cano, que lleva 15 años en la residencia de Usera, advierte de que, pese a que la lucha contra DomusVi en su centro acabó de manera victoriosa, su vida dentro aún no es 100% plena. Está cansada de participar en reportajes, siente que los cambios no van a la raíz. Pide que se abra ya un debate serio sobre el modelo residencial. “Tienes que estar en una pelea diaria, no puedes bajar la guardia. Cada día nos hacen presas de la precariedad, de su avaricia, de su egoísmo y no les importamos nada. ¿Si no cómo se ha permitido que estos fondos hinquen sus garras sobre nosotros?”, concluye.