La batalla por las palabras en la batalla por las ideas que viene antes de cualquier batalla política.
Después de la crisis de 2008, donde cayeron algunos de los llamados bancos de inversiones, emergieron, como plaga bíblica, unos fondos llamados de Private Equity Funds (PEF).
Se presentan a sí mismos como proveedores de capital para financiar proyectos de inversión innovadores, para alimentar eso que Schumpeter llamaba la destrucción creativa. Pero no es eso lo que hacen.
Algunos pensaron que lo que hacían era liquidar sociedades en dificultades, en quiebra o próximas a la quiebra, y por eso deshonraron a esos maravillosos basureros de la naturaleza, los buitres, atribuyendo a esos fondos el nombre de ese animal. Pero no es eso lo que hacen.
Lo que hacen es canalizar fondos procedentes de paraísos fiscales y con ellos comprar sociedades, en alguna o varias de las situaciones siguientes: son sociedades que gestionan monopolios naturales —i.e. el suministro de electricidad—, cuentan con mercados cautivos —i.e. residencias de ancianos, prisiones—, tienen activos liquidables —i.e. propiedades inmobiliarias—, generan rentas de situación —i.e. viviendas—, son limitadas en su oferta —tierras agrícolas de alta productividad—. Nada que tenga que ver con la innovación. Y en esa compra desembolsan cantidades muy pequeñas, pues una vez comprada con un préstamo la sociedad en la que han puestos sus lascivos labios, le transfieren la deuda con la que financiaron la compra, de modo que la sociedad comprada paga por haber sido comprada. Una versión del apalancamiento financiero propia de mentes brillantes; muy superior a la del resto de los idiotas, banqueros incluidos.
Su modelo de negocio es propio de depredadores y/o parásitos, no de basureros. Se impone buscar otro símil en el mundo natural, y el único que se presta a ello son los virus. Por tanto, estos fondos deben ser llamados fondos virus, no buitres. Entre esos fondos virus hay algunos conocidos y otros muchos desconocidos, pues como los virus, mutan constantemente y se multiplican incesantemente. De hecho, un porcentaje nada despreciable de sociedades creadas en España y en el mundo, en cada año fiscal, lo son a iniciativa de fondos virus.
En su origen, en EE.UU., se alimentan de políticos de ambos partidos, demócratas y republicanos, todos ellos muy bien relacionados en la ciudad de la que se dice está construida con diseño masónico, Washington. Y donde quiera que entran se aseguran de atrapar a los vástagos de lo que un día fueron las burguesías dominantes en cada país, especialmente aquellos segmentos que continúan ejerciendo influencia política. Burguesías que cada día se parecen más a lo que en su momento fueron las burguesías dependientes de los llamados países en desarrollo, tercer mundo.
Y para las funciones técnicas reclutan en ciertos caladeros, en el caso de España especialmente en las dos escuelas de negocios vinculados a ramas de la iglesia, el IESE y ESADE.
Cuando estas burguesías dependientes enarbolan el espantajo nacional, primero hay reír a carcajada batiente. Y después prepararse para la guerra a mazo batiente.
Entre los PEF conocidos, en orden alfabético, Apollo, Blackstone, HIP, Canyon Capital Finance, Cerberus, CVC Capital Partners, DIF, Elliot, Ergon Capital, Fortress, Goldman Sachs, HIG Capital, KKR, LBEIP, Lindorff, Lone Star, Oktree… Dada su conducta viral, algunos, desde el día que confeccione esta lista hasta hoy, habrán cambiado de nombre y otros cuantos habrán aparecido.
El fenómeno vírico es planetario, ataca a todos los países de los 1.000 millones de oro, el “gold billion”, en inglés globalizado. Y ataca especialmente duro en los países que una vez tuvieron lo que se llamó “estado de bienestar”. Y producen no necesariamente menos estado, como algunos agnocratas quieren hacernos creer, pues sin la contribución del estado, en versiones corruptas —como en el caso de las licencias VTC— o legalmente no corruptas —como en la toma de control de residencia de ancianos— no son nada sin el estado. Lo que no es discutible es que en nada acrecientan y en mucho disminuyen el bienestar de las gentes del común. El “billion gold”, si no se ataca frontalmente el virus, será rápidamente cada vez menos “gold” y más “ash”.
No soy escritor de libelos, al menos por el momento. Y tampoco un activista, también provisionalmente. Intento fundamentar mis textos en bases científicas tan solidas como sea posible. Desafortunadamente apenas hay investigación científica sobre el “virus fund”, lo que es una prueba suplementaria, si alguien lo dudaba, de que las universidades vegetan en un universo paralelo.
Aun así, mis conclusiones provisionales se basan en la evidencia que, en diferentes lugares, muy especialmente en EE.UU., se han ido acumulando. Por esta razón lo que sigue tendrá un toque más académico, con algunas referencias para ese lector interesado en tener no ya una opinión pues todo el mundo tiene una, que como sucede con algunas partes del cuerpo que no citaré, sino una opinión fundamentada en evidencias.
Aunque la aparición de los “private equity fund” es anterior[i], su crecimiento se ha disparado después de la crisis de 2008 en gran medida como consecuencia de la abundancia de dólares americanos baratos introducidos por la Reserva Federal y del propio crecimiento de la desigualdad, que ha hecho posible la acumulación de esos dólares en muy pocas manos.
El modelo de negocio de las diferentes compañías que operan en ese mercado es especialmente ilustrativo porque está conduciendo no sólo a la destrucción de lo que restaba de gran parte de la base industrial en el centro del imperio, sino también a la destrucción de gran parte de las compañías de servicios. Se han señalado las similitudes con los “money trusts” de principios del s. XX, a los que, entre otros, combatió el juez Louis Brandeis (Brandeis, 2012) y que está en la base de la legislación antitrust, legislación que no sólo ha caído en desuso, sino que, en ausencia de actualización, las prácticas legales de los “private equity funds” se cuidan de soslayar, con éxito total y absoluto.
Y es igualmente ilustrativo porque evidencia hasta dónde resultan indistinguibles las prácticas legales de los PEFs de prácticas propiamente mafiosas, con la salvedad de que al ser legales no requieren, por el momento, el uso explícito, ni siquiera como amenaza, de la fuerza física.
Estas prácticas han sido resumidas por Appelbaum (2014) y Ballou (2023) en los siguientes términos: (i) “leasebacks”: separar las propiedades inmobiliarias de las empresas en las que entran, venderlas a terceros (relacionados casi siempre con los propietarios del PEF) y forzar a las empresas cuyo control han tomado, a alquilar los espacios por largos períodos de tiempo; (ii) “dividend recaps”: obligan a las compañías que compran a endeudarse para proporcionar dividendos a los nuevos propietarios, al PEF que las ha comprado; (iii) “strategic bankruptcies”: una vez que se apropiado para sí y/o para otros los activos más apetecibles de las compañías de las que toman el control, fuerzan la quiebra de las compañías para evitar hacer frente a salarios, pensiones y prestamistas; (iv) “forced partnership”: al objeto de maximizar su retornos, fuerzan a las compañías a trabajar con otras compañías que también forman parte del portfolio de los mismos PEF que las han comprado; (v) “tax avoidance”, por medios legales y eventualmente directamente ilegales, de cuyas consecuencias se blindan con varias tácticas tanto de división de compañías como de lobby; (vi) “rollups”: fusión de compañías para crear mercados oligopólicos de diversa base, i.e. en el caso de los servicios, geográficos; (vii) “operational efficiencies: layoffs, price hikes, quality cuts”, las cuales se explican por sí mismas, pero requieren haber quemado las etapas anteriores, i.e. haciendo imposible cobrar indemnizaciones a los despedidos, subiendo los precios una vez que se ha oligarquizado el mercado, bajadas de calidad sin mensajes al mercado (i.e. manteniendo los mismos precios).
El potencial cliente engañado es de todo tipo y condición, también el que se reproduce en la España de las piscinas. Por ejemplo, esto es exactamente lo que sucedió con Hayward, que produce equipamientos para piscinas justo después de ser “comprada” por un fondo israelí de equity capital: sin bajar los precios se bajó la calidad para hacerla coincidir con que el producto se rompa justamente a continuación de que la garantía ha caducado, lo cual a su vez genera ingresos suplementarios en componentes para reparar. Hasta ahora unos 2 años y medio; a partir de la ampliación de la garantía obligatoria unos 3 años y medio. Los lectores de más edad sonreirán mientras recuerdan el mantra de la “obsolescencia programada”. Y harán conexiones mentales que dejo a la imaginación de cada cual.
Por supuesto además de todas esas prácticas, cargan comisiones cuantiosas a las compañías compradas. Una parte pequeña de esas comisiones las pasan como remuneración por su expertise, por el privilegio de ser comprada por PEF. Pero dado que estas comisiones pagan más impuestos que las que resultan de incrementos de valor —capitalización— la parte más suculenta las disimulan como incrementos de valor, incluso cuando estos sean no sostenibles en el tiempo e impliquen endeudamiento para la compañía que han comprado, para hacerles frente como reparto de dividendos.
Los argumentos justificativos a los que se acogen quienes practican este modelo de negocio depredador son de tres tipos: (i) no practicamos más que una forma extrema de capitalismo, que contribuye a la supervivencia de los más fuertes; (ii) somos similares a otras formas de capitalismo financiero —hedge funds, investment banks—; (iii) como parte de la ola de la financialización somos inevitables, como una plaga natural.
Lo cierto es que parecen, respectivamente, (i) estar destruyendo negocios perfectamente viables y que creaban empleo de calidad, sustituyéndolo por arenas del desierto o menos empleo y de peor calidad; (ii) su balance final parece por ello más sombrío que otras manifestaciones del capital ficticio; (iii) su emergencia y supervivencia se asienta en la complicidad de políticos y expolíticos (la cantidad de estos, tanto demócratas como republicanos que se asientan en sus consejos, es sorprendente; parecen usar intensamente las puertas giratorias). Y ello porque saben que es de la política de donde viene su negocio, así como de la política vendrá, si es que viene, su reforma y/o supresión.
En todo caso algunos estudios evidencian que ser comprada por un PEF parece que multiplica por 10 la probabilidad de acabar en bancarrota y en todo caso aumentan el desempleo. Estos efectos son observables en todos los sectores en los que entran, por ejemplo, en la distribución minorista en USA, como puede apreciarse en esta página. https://united4respect.org/wp-content/uploads/2019/07/Pirate-Equity-How-Wall-Street-Firms-are-Pillaging-American-Retail-July-2019.pdf (Acceso: 2023/05/12)
De todas las cuestiones que por razones de espacio no vamos a abordar, hay algunas cuestiones especialmente interesantes:
(i) contra lo que pudiera pensarse los “private equity fund” no usan el dinero de sus propietarios, usan el dinero de otros, como también hacen los bancos en sus préstamos, pero sin ninguna garantía ni control. ¿De dónde procede el dinero con el que compran? Una parte muy pequeña, típicamente el 2 o 3% es dinero de sus propietarios, otra parte de inversores (entre los que destacan, además de los sospechosos habituales, ¡oh, paradoja de paradojas!, los fondos de pensiones) y otra parte de préstamos, que esperan pagar con el cash flow procedente de las empresas que compran (“leverage buy out” —LBO), con las tácticas que hemos enumerado.
Por ello no es en absoluto una condición que puedan vender la empresa por un importe superior al de compra para que su modelo de negocio funcione. Típicamente entran en las compañías con perspectiva de corto plazo y salen cuando han extraído valor —desentendiéndose de su futuro—, cargan a las compañías con deuda para extraer beneficios ficticios y se blindan de futuras reclamaciones, interponiendo entre el PEF y las compañías que compran, sociedades legal y financieramente artificiales, que no pueden hacer frente a las reclamaciones de los acreedores, entre las cuales se encuentran trabajadores cuyos planes de pensiones en las compañías agraciadas con la compra del PEF, han sido previamente vaciados.
(ii) Muestran una especial predilección por tomar el control de industrias que extraen sus beneficios de los más pobres. En particular muestran predisposición por negocios con flujos de caja constante —distribución— y sobre todo con flujo de caja constante de origen público —Medicar o Medicaid—, a saber, residencias de ancianos, servicios sanitarios y si, cárceles. Este último negocio seguramente explica, en buena medida, que EE.UU. tenga del dudoso mérito de ser el estado del mundo con más presos en términos absolutos y relativos a su población. Seguramente las generosas donaciones que los PEF dedican a no pocos departamentos de policía de todo EE.UU. tenga mucho, o muchísimo, que ver.
La degradación de la calidad del servicio en base a la “optimización” que estos “genios de las finanzas” implementan (Stevenson, Bramson, & Grabowski, 2013), es decir, la reducción de personal (Pradhan, Weech-Maldonado, Harman, Al-Amin, & Hyer, 2014), es endémica en las residencias de ancianos. Y como ha sido acreditado en España, particularmente en Madrid y en Galicia (Rico, 2021), también en USA se ha acreditado la relación entre exceso de mortalidad y propiedad de las residencias de ancianos. El problema no es solo, aunque también, el llamado “protocolo de la vergüenza”, tan poco y tan mal investigado por los probos funcionarios de las fiscalías. Las que pertenecen a PEF exceden en mucho la mortalidad de las demás, incluidas otras en manos privadas (Gupta, 2021).
Un punto no menor es su relación incestuosa con los jueces —mi buena educación me protege de usar expresiones soeces—, la más preclara expresión de la corrupción sistémica que asola el sistema político norteamericano. En efecto parece que los PEF han sacado el máximo partido de los agujeros que permiten acabar eligiendo la jurisdicción en las que instar las quiebras estratégicas que les permiten liberarse de los acreedores molestos de las empresas que compran, particularmente las pensiones de los trabajadores.
Este uso estratégico ya había sido señalado por un reconocido experto en la materia (LoPucki, 2006) y ha sido acreditado empíricamente, tanto con datos estadísticos como con estudios de caso. Aunque los autores residentes en el centro del imperio se resisten a llamar a tal uso estratégico de las jurisdicciones, corrupción, es evidente que, desde una perspectiva sistémica, es una prueba evidente de tal, con independencia de que venga legalmente habilitada. Substraerse al juez natural para elegir el que previsiblemente se muestre más favorable a los propios intereses, no puede ser llamado de otro modo, que corrupción. Y se asienta en influir en quien tiene que ocuparse de cerrar tal opción de uso estratégico, es decir, quien tiene que modificar la ley. Lo que a su vez es posible con un uso estratégico de las puertas giratorias.
El camino hacia el paraíso en el que las prácticas depredadoras de los PEF tienen lugar, ha requerido previamente el vaciamiento de las leyes antitrust[ii], vaciamiento en el cual uno más de los varios productos intelectuales de la universidad de Chicago ha tenido un papel relevante (Bork, 1978) y que han conducido al actual momento de capital oligopólico o monopólico, resultado que en nada habrán sorprendido a dos viejos marxistas como Baran y Sweezy (Baran & Sweezy, 1966).
Vaciamiento, y esto es notoriamente significativo, que se produce por el activismo judicial (intelectualmente alimentado por think thanks que “forman” jueces), sin una derogación formal de las leyes antimonopolio (Sherman Act, Clayton Act, The Federal Trade Commission Act[iii]); activismo al que se suma al subfinanciamiento de las agencias federales encargadas de hacer cumplir esa legislación, la emisión de “guidelines” de interpretación, y el refinamiento de las prácticas colusivas “inventadas” por los PEF.
Todo ello conduce de modo ciertamente inexorable a la destrucción de la democracia misma (Wu, 2018).
Si el lector quiere saber más, dos libros recientes ponen negro sobre blanco el potencial destructivo ya probado de los equity funds, (Morgenson & Rosner, 2023) y el escrito por mi amigo Brendan. (Ballou, 2023).
Corre el reloj, es tiempo de acción contra el virus.
[i] En la película de 1990, Pretty Woman, ya aparecen, incidentalmente, algunas de las prácticas propias de este tipo de fondos.
[ii] https://som.yale.edu/centers/thurman-arnold-project-at-yale/modern-antitrust-enforcement
(Acceso: 2023/05/17). En esta página es posible encontrar información sobre el declinar del antitrust en USA.
[iii] https://www.justice.gov/atr/antitrust-laws-and-you#:~:text=The%20three%20major%20Federal%20antitrust,The%20Federal%20Trade%20Commission%20Act. (Acceso: 2023/05/17)
Referencias citadas
Appelbaum, E. (2014). Private equity at work. Russell Sage Foundation.
Ballou, B. (2023). Plunder Private Equity’s Plan to Pillage America. PublicAffairs.
Baran, P. A., & Sweezy, P. M. (1966). Monopoly Capital. An essay on the american economic and social order. Monthly Review PRess.
Bork, R. H. (1978). The antitrust paradox. Basic Books.
LoPucki, L. (2006). Courting Failure. University of Michigan Press.
Morgenson, G., & Rosner, J. (2023). These Are the Plunderers. Simon & Schuster.
Pradhan, R., Weech-Maldonado, R., Harman, J. S., Al-Amin, M., & Hyer, K. (2014). Private Equity Ownership of Nursing Homes: Implications for Quality. Journal of Health Care Finance.
Rico, M. (2021). Vergüenza. El escándalo de las residencias. Planeta.
Stevenson, D. G., Bramson, J. S., & Grabowski, D. C. (2013). Nursing Home Ownership Trends and Their Impacts on Quality of Care: A Study Using Detailed Ownership Data From Texas. Journal of Aging & Social Policy, 25, 30–47. doi:10.1080/08959420.2012.705702
Wu, T. (2018). The curse of bigness antitrust in the new gilded age. Columbia Global Reports.