«Me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid»

La ministra de Vivienda acusa a Ayuso de “no asumir sus competencias en materia de vivienda” y boicotear la ley nacional

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reconoce que le encantaría aplicar el 155 en Madrid por no asumir sus competencias en materia de Vivienda. EP.

QUÉ SE HACE CON UNA PRESIDENTA QUE DICE «YO NO VOY A APLICAR LA LEY». La ministra de Vivienda se hace esa pregunta con razón más que sobrada.

LA PRESIDENTA ISABEL DÍAZ AYUSO NO APLICA LA LEY DE VIVIENDA, NI LA LISTA DE CRIBADOS CONTRA EL CÁNCER, NI FACILITA EL NÚMERO DE MENORES, NI VA A ENTREGAR LA LISTA DE MEDICOS OPOSITORES A FACILITAR EL DERECHO AL ABORTO DE LAS MUJERES, CON LO QUE HAY EN LA COMUNIDAD DE MADRID Y ESO ES REBELDÍA ANTIDEMOCRÁTICA Y ANTISOCIAL, OPINA TIEMPOS DE TORMENTA.

Ayuso se niega a declarar zonas tensionadas en la vivienda ¿para quién gobierna entonces? para los madrileños no, desde luego.

En el decreto de 26 medidas las medidas son tapadas por los medios de comunicación de la derecha, para las que veinticinco no existen, sólo se pone el foco, sólo se habla, habla de ocupación cuando el número de la ocupación es testimonial. El mercado de la vivienda ha sido ocupado por un 10% de inversionistas.

Este decreto de 40 páginas, de 18 artículos y 26 medidas, es un ejemplo de como la extrema derecha está condicionando el debate. Se genera alarma confundiendo dos fenómenos muy diferentes: el fenómeno de la vulnerabilidad con el fenómeno de la ocupación. Se está sobredimensionando la ocupación sólo hay 16.462 casos, pero se teatraliza la realidad a través de las emociones de la gente. Se solapan los problemas y no se tratan los temas que abordan los 18 articulos.

La mayoría social está desamparada y a la derecha , sea PP ó Vox o Junts, le importa nada. No les importa resolver los problemas de la gente.

En Madrid hay maestros de escuelas viviendo en caravanas y yendo a recoger agua a las fuentes porque no tienen para pagar un alquiler. Es el problema de los interinos, que son funcionarios.

El método planteado por la Comunidad de Madrid es ayudar a los Fondos Buitres para que gestionen las viviendas. Hoy en Madrid para alquilar una vivienda hace falta tener un sueldo de 3.000 euros al mes ¿quién puede alquilarse así una vivienda? Son un 10% los rentistas, muchos de ellos superan los ingresos de 10.000 euros mensuales, frente a la gran mayoría social que el problema de la vivienda les ha convertido en auténticos esclavos obligados a compartirlas porque con lo que cobran no les llega para individualizarse echando raíz vital.

En Madrid hay muchos bloques organizados que están resistiendo los zarpazos de adquisición por parte de los grandes inversionistas.

La sociedad se está partiendo entre los que tienen vivienda para vivir y los que no.

¿Qué hace Isabel Díaz Ayuso y el PP frente a esto? Pues hablar del «derecho constitucional de la propiedad», es alucinante que no miren por la ciudadanía y sí por los grandes inversionistas extranjeros que están comprando literalmente el país.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y su negativa a abordar la crisis de la vivienda en la Comunidad de Madrid, a la par que boicotea la aplicación de normativas nacionales como la Ley de Vivienda. “A mi me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado (Cámara que puede impulsar este artículo)”, ha trasladado.

«Si hubiera tenido la mayoría en el Senado ya lo hubiera implementado. Es una manera elocuente, de visibilizar que, en ocasiones, todo lo que una desea o una quiere hacer se encuentra con la realidad del marco constitucional […] Incluso les diría que, si no quieren asumir la competencia, estoy dispuesta a asumirla”, ha ahondado en su entrevista concedida a TVE.

También ha celebrado que algunos territorios sí estén queriendo colaborar para intentar contrarrestar la crisis de precios. “Estamos en un Estado de Derecho en el que tenemos una ley, la de Vivienda, y estamos sorteando a la oposición porque ya hay comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) que se han prestado a su aplicación”, ha declarado.

“El PP bloque la aplicación de la ley de Vivienda por mero cálculo electoralista porque cuando yo me siento con los consejeros autonómicos del PP y les ofrezco herramientas estoy encontrando apoyo”, ha denunciado la titular del Ministerio, dejando entrever que son órdenes desde Génova las que maniatan a los territorios y les evitan ir más allá en su colaboración con el Ejecutivo central. “Hay quien ha concluido que la vivienda es baraja electora, pero esto es la vida de la gente y hay que preservarlo”, ha defendido.

Bloqueo autonómico

Los territorios liderados por el PP están obcecados en dejar actuar libremente al mercado, viciado de iniciado, y no intervenir en favor de garantizar el derecho constitucional.

¿Esto es dogmatismo y sectarismo ideológico o simplemente corrupción por la que se hinchan a ganar dinero los conservadores ó son las dos cosas?

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 alertó hace varias semanas y la fecha clave para los alquileres que se renovarán en 2026 se acerca. La cartera dirigida por Pablo Bustinduy emitió un informe sobre los 632.369 arrendamientos firmados a lo largo de 2020 y que deberán renovarse durante próximo año, una vez finalizado el periodo legal de cinco cursos, que apuntaba a subidas del precio que podrían alcanzar hasta los 4.615 euros anuales en algunos territorios del país, salvándose exclusivamente aquellas viviendas localizadas en zonas definidas como tensionadas por los gobiernos autonómicos.

Los más de 630.000 contratos agrupan a más de 1,6 millones de personas que sufrirán expulsiones directas o grandes revalorizaciones, que pueden transformarse en expulsiones en diferido al no poder afrontar las exigencias de la propiedad. El palo para los inquilinos variará según la autonomía en la que residan.

Territorios con mayores subidas del alquiler

La mayoría de territorios, gobernados por el Partido Popular (PP), se han negado a aplicar esta ley y definir zonas tensionadas, por lo que las subidas serán desmedidas. La media nacional será una subida de 1.735 euros (145 euros al mes), pero la peor de las suertes la correrán los ciudadanos de Islas Baleares. Los alquileres en el archipiélago ya se encuentran en cotas disparadas en la comparativa nacional y, de cara a 2026, crecerán de media en 4.615 euros, lo que se traduce en un incremento mensual de 385 euros.

La siguiente en la lista será la Comunidad Valenciana, donde el incremento mensual medio será de 224 euros (2.686 euros anuales) y afectará a 62.523 contratos. El pódium lo completan las Islas Canarias, donde los ascensos medios serán de 2.267 euros anuales (189 euros mensuales). La cuarta con mayores ascensos será Madrid, una de las autonomías con precios medios más altos y economías (relación sueldo/alquiler) más tensionadas, donde además se registrará el mayor número de contratos que se enfrentarán a revisión, poniendo en riesgo a una gran cantidad de población.

Un total de 404.090 madrileños, agrupados en 145.881 contratos, enfrentarán una subida media de 2.042 euros anuales, lo que se traducirá en un incremento medio de 170 euros al mes. El territorio gobernado por Isabel Díaz Ayuso, representación nacional de la rebeldía contra la regulación de los alquileres y el apoyo al libre mercado inmobiliario, experimentará una gran ola de desalojos y desbandadas barriales fruto de esta situación de tensionamiento. La segunda autonomía en la que más contratos se renovarán será Andalucía, con 85.491, donde los precios subirán de media en 1.952 euros anuales (163 euros al mes).

Cantabria, con ascenso de 1.969 euros al año y 164 euros al mes, es la otra comunidad que completan el grupo de seis que está por encima de la media nacional. Por debajo de este baremo, pero por encima de los 1.000 euros, aparecen La Rioja, donde el incremento será de 1.408 euros anuales y 117 euros mensuales; Castilla La Mancha (1.130 euros anuales y 94 mensuales); Asturias (1.087 euros al año y 90 al mes) y la Región de Murcia (1.012 euros anuales y 80 al mes).

Por debajo de los 1.000 euros se sitúan Galicia (980 euros/año y 82 euros/mes); Extremadura (960 euros/año y 80 euros mes); Castilla y León (902 euros/año y 75 euros/mes); Aragón (831 euros/año y 69 euros/mes); Ceuta (784 euros/año y 65 euros/mes) y Melilla (328 euros/año y 27 euros/mes). En Cataluña se renovarán 112.728 contratos que afectan a 300.984 personas, pero no se cuentan con datos por el beneficio de las zonas tensionadas, que afrontarán la auditoria. Tampoco de País Vasco y Navarra, al ser comunidades de régimen foral y no incluirse en el Panel de Hogares nacional.

La situación será dramática en todo el país. La última Encuesta de Condiciones de Vida expone que más de un tercio de la población de todo el país (36,42%) se encuentra en una situación de sobreesfuerzo y estrés financiero; es decir, destina más del 30% de su sueldo a pagar el alquiler, porcentaje que crece notablemente en las principales ciudades. En consecuencia, las grandes revalorizaciones previstas para toda España anticipan una situación de tensionamiento mucho más elevada, el peor de los regalos para inaugurar 2026.