Una demanda colectiva contra altos cargos de la Comunidad de Madrid por discriminación ha logrado que se inicie una investigación en la Fiscalía por la muerte de 7.291 personas en las Residencias de Mayores de la Comunidad de Madrid.
El 8 de marzo de 2020 cuando España despierta a la pandemia la Comunidad de Madrid ordenó confinar a los 44.000 mayores que vivían en residencias públicas, privadas y concertadas. Además, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ordenó no trasladar al hospitala quienes fueran dependientes o tuvieran enfermedades cognitivas en protocolos que fueron enviados desde la Consejería de Sanidad a los altos mandos sanitarios, los llamados “protocolos de la vergüenza”.
los mayores quedaron encerrados, con escaso material de protección, con plantillas esquilmadas y sin poder ver a sus familias. La alta concentración de personas infectadas sin medidas mínimas de aislamiento o higiénicas hizo el resto.
Un balance de 9.469 residentes fallecidos en los primeros 60 días de pandemia. 7.291 de ellos murieron sin haber sido derivados a hospitales porque no cumplían los requisitos a los que obligaba el Gobierno de Ayuso cumplir.
Centenares de familias han interpuesto querellas por homicidio imprudente, prevaricación o negación del deber de socorro en juzgados de instrucción de Madrid. Algunas causas siguen vivas y a la espera, mientras otras han sido elevadas al Tribunal Constitucional. Pero la gran mayoría han sido archivadas con el plácet de la Fiscalía.
Para archivar las denuncias ha sido el pretexto -peregrino y no creíble, dicho sea de paso- el hecho de que «no se puede establecer la causalidad entre lo que hizo la administración y la muerte del residente».
Ayuso justificó su estúpida decisión de vetar a los mayores de las residencias su acceso a los hospitales porque según ella «se morían igual»
Según un informe pormenorizado, aunque no oficial, se podrían haber salvado miles.
Además tuvo la desfachatez de acusar de «falta de dignidad» a la oposición por insistir que se publicaran las actas de inspecciones a los centros dependientes de la comunidad.
Lo increíble es que en un país europeo es que a un ser tan culpable de haber dictado una política tan despreciable y genocida se le permita no ya sólo seguir ejerciendo cargo público o presentarse como candidata a elecciones sino que no se la iniciara un proceso penal acusada de conducta criminal y de negación de auxilio junto a su gobierno en la que se les reclamará penas de cárcel por actos contra la Humanidad.
Pero no sólo ya eso, sino la muy cuestionable ética y moralidad de una ciudad que, a pesar de haber mandado a 7.291 de sus abuelos y padres a la muerte la ha vuelto a votar revalidándola en el cargo y no ha tomado las calles hasta hacerla dimitir.
Un dato más que índica que la democracia española aún le queda mucho por madurar.
