Denuncian “violencia institucional” tras la muerte de una vecina desalojada en Collado Villalba
Muere en las calles de Collado Villalba una mujer que había sido desahuciada por el Ayuntamiento en septiembre.
El 10 de diciembre falleció Montse, una vecina de Collado Villalba de 63 años de edad. La mujer se encontraba en situación de calle desde el pasado 30 de septiembre, fecha en la que el Ayuntamiento de este municipio ejecutó un desalojo, sin orden judicial, del bloque de la calle Trinidad, 19. Así lo refiere la Asamblea de Vivienda de Villalba (AVV) en un comunicado de este jueves.
LOS DESHAUCIOS MATAN
Sin orden judicial de desalojo ni previo aviso por peligro en el edificio, este miércoles nueve inquilinas fueron desalojadas de sus casas ubicadas en la calle Trinidad, número 9, de este municipio del noroeste de la Comunidad de Madrid. A las vecinas de este bloque propiedad de Sareb, apenas si les dio tiempo de empacar a toda prisa sus pertenencias porque inmediatamente unos albañiles comenzaron a emparedar puertas y ventanas dejando atrapadas a mascotas y documentación de las inquilinas.
A las vecinas, algunas mayores, enfermas o con discapacidad y, todas en riesgo de exclusión social, el desahucio le pilló por sorpresa. De hecho, otras más se encontraban trabajando y sus enseres, incluyendo documentación importante, se ha quedado dentro de las casas, hoy tapiadas.
Todas estas personas les han dejado literalmente “en la calle”, y que Servicios Sociales de Ayuntamiento, ni ninguna otra administración municipal, les ha ofrecido ningún apoyo.
La Asamblea de Vivienda de Collado Villalba ha declarado
“Esto es una forma proactiva de ejercer violencia contra las más vulnerables, minando seriamente su salud y acortando su esperanza de vida, dicho de otro modo, es un atentado contra la vida y su dignidad”, ha informado la Asamblea de Vivienda de Villalba en su nota de prensa. Este colectivo señala directamente a Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, como responsable del desalojo ya que es la propietaria del bloque. Indican que el desalojo incluyó una brigada municipal de obras que llevaba la orden de tapiar el interior de las viviendas, y que las peticiones de las vecinas para recoger sus pertenencias fueron desatendidas en un primer momento tanto por representantes de Sareb, del ayuntamiento de Villalba y Policía Local, y Securitas, una empresa de seguridad que pone alarmas.
Ha sido la presión vecinal, de la Asamblea de Vivienda, con el apoyo de la asociación antiespescista La Colonia de Coco, quienes consiguieron –a base de llamadas y correos a Sareb– rescatar a una gata de uno de los inquilinos, que se había quedado atrapada tras los ladrillos. “Lo expresamos con total rotundidad: esto ha sido un caso de violencia contra los animales, constitutiva de un delito de maltrato por el que vamos a denunciar”, denunciaban los activistas por el derecho a la vivienda.
Foto: Asamblea de Vivienda de Villalba.
En su escrito condenaban también al consistorio de Collado Villalba por el desalojo, “no sólo por no avisar a las vecinas, sino también porque, ante un edificio que no reúna las condiciones higiénico-sanitarias, la expulsión ha de ser el último recurso al que se deba acudir”. Alegan que la Sareb, como propietaria, debió de hacerse cargo hacer mantenimiento, reparaciones o el cierre de determinados espacios antes de haber dejado a las personas en la calle. El Ayuntamiento de Villalba justificó el abrupto desalojo aduciendo “insalubridad e inseguridad” porque el garaje estaba inundado de aguas residuales tras haber sufrido un incendio el pasado mes de agosto, además de otros “peligros detectados por los técnicos de Sanidad”. Si bien el ayuntamiento en su comunicado detallaba todas deficiencias del inmueble dejaba sin mencionar que el inmueble lo gestionaba Sareb.
El PCE en la Sierra de Guadarrama denuncia “violencia institucional” tras la muerte de una vecina desalojada en Collado Villalba
El Núcleo del Partido Comunista de España en la Sierra de Guadarrama ha expresado su “profunda indignación y dolor” por el fallecimiento de una vecina de Collado Villalba que pasó más de dos meses viviendo en la calle tras ser desahuciada, sin que las instituciones le ofrecieran una alternativa habitacional digna. Para la organización, lo ocurrido no puede considerarse una fatalidad ni un accidente, sino la consecuencia directa de decisiones políticas concretas adoptadas por el Ayuntamiento.
En su comunicado, el PCE sostiene que cuando una administración permite un desahucio sin alternativa y posteriormente abandona a la persona afectada, existe una responsabilidad política clara sobre lo que sucede después. En este sentido, califican el caso como un ejemplo de violencia institucional, una forma de violencia que, explican, no siempre se ejerce mediante la represión directa, sino a través de la inacción, la burocracia y el abandono, dejando a una persona en la calle hasta que su vida se apaga.
La organización vincula esta situación a un modelo político y económico que, a su juicio, antepone los intereses del capital y la especulación a la vida y a los derechos de la clase trabajadora. Según el PCE, el capitalismo neoliberal convierte derechos fundamentales como la vivienda en mercancías y normaliza la exclusión social, aceptando como algo asumible que haya personas sin hogar mientras existen viviendas vacías y recursos infrautilizados. En este marco, señalan, muertes como la de esta vecina no son excepciones, sino el resultado lógico de políticas que renuncian a garantizar derechos básicos.
El comunicado denuncia de forma expresa la responsabilidad política del Ayuntamiento de Collado Villalba por no garantizar una alternativa habitacional inmediata tras un desahucio impulsado desde la propia institución. Asimismo, el PCE señala el fracaso deliberado de las políticas municipales de vivienda y servicios sociales, que atribuye a una falta de voluntad política sostenida en el tiempo. Recuerdan que Collado Villalba se encuentra entre los municipios que menos invierten en servicios sociales por habitante, una realidad que, según afirman, tiene consecuencias directas como la vivida en este caso bajo el gobierno presidido por Mariola Vargas.
El PCE critica además un modelo institucional que asume como normal que una persona vulnerable sea expulsada de su hogar y abandonada a su suerte, al tiempo que denuncia el discurso institucional desarrollado durante los últimos meses por el equipo de gobierno municipal, al que acusan de criminalizar a quienes califican como “okupas” para justificar el abandono de la ciudad y desviar la atención de la falta de políticas públicas eficaces.
“La vivienda es un derecho humano, no un privilegio ni un negocio”, subraya el comunicado, que insiste en que cada desahucio sin alternativa es una decisión política y que cada muerte evitable es una consecuencia directa de ese modelo. Desde el PCE en la Sierra de Guadarrama han trasladado su solidaridad a los familiares, amistades y colectivos que acompañaron a la vecina fallecida y han reafirmado su compromiso de seguir organizándose y luchando para que ninguna persona más tenga que morir en la calle.
Por último, la organización anima a la ciudadanía a participar en la concentración convocada este viernes a las 19.00 horas en la Plaza de los Belgas de Collado Villalba, en memoria de la vecina fallecida y como denuncia de las políticas que, a su juicio, han conducido a este desenlace.
