Opinión

Entre Ceuta y la esperanza

Por Aziz Allaouzi

Lo ocurrido recientemente en Ceuta debería obligarnos a reflexionar tanto en Marruecos como en España. No solamente sobre inmigración, seguridad o relaciones entre dos Estados vecinos.
También sobre desigualdad, dignidad, responsabilidad política y sobre la facilidad con la que una tragedia humana puede convertirse en combustible para el miedo, la desinformación y el rechazo al otro.
Cuando miles de jóvenes están dispuestos a arriesgar su vida en el mar porque creen que a
pocos kilómetros encontrarán las oportunidades que no encuentran en su propio país, reducir todo a una cuestión de control migratorio significa quedarse en la superficie.
Marruecos debería hacerse una pregunta incómoda:
¿Por qué quieren marcharse?
Y España debería formularse otra:
¿Cómo se llega al punto de que algunos dejen de ver en esos jóvenes a personas
desesperadas y empiecen a ver únicamente una amenaza?
Las respuestas no son sencillas. Pero precisamente por eso merece la pena hablar de ellas sin diplomacia innecesaria, sin esconder los desacuerdos y, al mismo tiempo, sin convertir la crítica a un Gobierno, a determinadas políticas o a ciertos discursos en hostilidad contra un país o contra todo un pueblo.

Marruecos: un país que avanza a dos velocidades

Sería absurdo negar la profunda transformación experimentada por Marruecos durante las
últimas décadas.
El país ha construido puertos, autopistas, aeropuertos y líneas ferroviarias de alta velocidad; ha desarrollado industrias competitivas, ha apostado por las energías renovables, ha atraído inversiones internacionales y ha reforzado considerablemente su presencia económica y diplomática en África y en el mundo.
Ese Marruecos existe. Y hay razones para sentirse orgullosos de sus avances.
Pero existe también otro Marruecos.
El de jóvenes que estudian durante años y después no encuentran un empleo acorde con su formación. El de familias para las que llegar a final de mes continúa siendo una batalla
cotidiana. El de territorios y barrios donde las oportunidades no crecen al mismo ritmo que las grandes inversiones. El de quienes contemplan las cifras del crecimiento económico sin sentir que ese crecimiento haya llegado realmente a sus vidas.

Es el Marruecos de las dos velocidades.

Podemos inaugurar puertos, trenes, autopistas, fábricas, estadios y grandes proyectos.
Podemos mejorar nuestra posición internacional y celebrar cada indicador positivo.
Pero si, al mismo tiempo, una parte de nuestra juventud continúa convencida de que su mejor proyecto de futuro consiste en marcharse, tenemos un problema que ninguna fotografía de una inauguración puede ocultar.
El desarrollo de un país no debería medirse solamente por lo que construye, sino también por cuánta esperanza consigue construir entre sus ciudadanos.
Porque cuando un joven considera razonable lanzarse al mar, incluso sabiendo que puede
morir, algo se ha roto mucho antes de que llegue a Ceuta.
La pregunta fundamental para Marruecos no debería ser únicamente cómo evitar otra salida masiva.
¿Qué futuro estamos ofreciendo a nuestros jóvenes para que algunos consideren que arriesgar la vida es preferible a quedarse?
¿Hasta cuándo aceptaremos una sociedad en la que el lugar donde uno nace, los recursos
económicos de su familia o sus relaciones sociales continúan condicionando demasiado las
oportunidades que tendrá en la vida?
La fortaleza de un país no puede medirse solamente por sus infraestructuras, su crecimiento económico o su influencia internacional. También debe medirse por su capacidad para ofrecer dignidad, movilidad social y esperanza.
Y cuando no conseguimos protegerlos en vida, respetemos a nuestros muertos.
Existe algo todavía más doloroso que ver marcharse a nuestros jóvenes: no ser capaces de
devolverlos dignamente a sus familias cuando mueren intentándolo.
Lo ocurrido después de la tragedia de Ceuta debería producirnos una profunda incomodidad.
Muchas familias han tenido que convivir con la incertidumbre de no saber qué ocurrió
exactamente con sus hijos. Algunas víctimas han tenido que ser enterradas en Ceuta sin haber podido ser identificadas. Y alrededor de la identificación, documentación y eventual traslado de los cuerpos han aparecido dificultades que resultan especialmente difíciles de comprender cuando detrás de cada expediente existe una familia esperando.
Aquí deberíamos abandonar durante unos minutos las grandes palabras.
Un muerto no es un expediente migratorio. No es una estadística. No es un problema
diplomático. No es una ficha dentro de una negociación entre Estados.
Es el hijo de alguien.
Quizá también un padre, un hermano, un marido o un amigo.
Y una madre que espera recuperar el cuerpo de su hijo no debería tener que entender de
procedimientos administrativos, competencias institucionales o relaciones diplomáticas.

La historia será severa con los responsables políticos de nuestro tiempo si no somos capaces de garantizar algo tan elemental como que las personas fallecidas sean identificadas, que sus familias conozcan la verdad y que puedan despedirse dignamente de ellas.
Marruecos debe hacer todo lo que esté en su mano para conseguirlo. Y España debe facilitar toda la cooperación necesaria.
No se trata de nacionalismo. Se trata de humanidad.
Porque existe una contradicción que deberíamos tener el valor de reconocer: no podemos
hablar constantemente de la dignidad de nuestros ciudadanos y olvidarnos de ella cuando
mueren.
Un país demuestra también su fortaleza en cómo trata a quienes ya no pueden reclamar nada.
En la vida y también en la muerte.

¿Cómo se llega a impedir que alguien entregue comida?

La reflexión no termina en Marruecos. España también debe mirarse al espejo.
Durante los acontecimientos recientes hemos visto cómo algunas personas llegaron a
considerar legítimo obstaculizar una actuación humanitaria de Cruz Roja destinada a personas migrantes.
Sería demasiado cómodo reducir aquello simplemente al comportamiento de “algunas
personas”.
¿Cómo se llega al punto de considerar moralmente aceptable impedir que una organización
humanitaria entregue comida a personas que tienen hambre?
Nadie se despierta una mañana y decide espontáneamente que alimentar a otro ser humano constituye una amenaza. Para llegar hasta ahí tiene que existir previamente un clima.
Un clima en el que determinadas palabras se repiten hasta que dejan de sorprendernos:
invasión, amenaza, delincuencia, enemigo.
Cuando esas palabras se utilizan sistemáticamente para describir a personas por su origen,
poco a poco puede desaparecer la persona que existe detrás de la etiqueta. Y cuando eso
ocurre, la política migratoria deja de ser solamente un debate sobre leyes, recursos o gestión y comienza a convertirse en un problema de deshumanización.
Lo ocurrido en Ceuta ha generado dificultades reales. Negarlo sería absurdo. Una llegada
masiva en muy poco tiempo tensiona servicios públicos, preocupa a la población y obliga a las administraciones a reaccionar.
Pero reconocer un problema no obliga a deshumanizar a quienes forman parte de él.
Se puede defender una política migratoria estricta. Se puede exigir responsabilidad al Gobierno marroquí. Se puede criticar la actuación de las autoridades españolas. Se puede debatir sobre seguridad, recursos y capacidad de acogida. Todo eso pertenece a una democracia.
Pero existe una línea que nunca deberíamos cruzar: el hambre de una persona no puede
convertirse en instrumento de confrontación política.

Obstaculizar a quienes intentan socorrerla no engrandece a España. Hace daño precisamente a esa España democrática, solidaria y humanitaria que tantas generaciones han contribuido a construir.
Y también deberíamos preguntarnos quién obtiene beneficio político cuando un problema social termina convirtiéndose en hostilidad hacia un colectivo entero.
Porque una cosa es criticar las políticas de Marruecos. Otra muy distinta es convertir a los
marroquíes en el problema.
Cuando una tragedia se aprovecha para señalar a los marroquíes.
Cada crisis entre España y Marruecos parece ofrecer a determinados sectores una oportunidad para trasladar la responsabilidad desde las decisiones de un Gobierno hacia todo un pueblo. Y ahí entramos en un terreno peligroso.
En estos días han circulado en internet listas atribuidas a hackers, acompañadas de
acusaciones gravísimas contra personas supuestamente relacionadas con los servicios de
inteligencia marroquíes. Algunas personas han llegado a ser señaladas como “espías”.
Conviene recordar algo elemental: una lista difundida por hackers no es una investigación
policial. Una captura de pantalla no es una prueba judicial. Una publicación en una red social no es una sentencia.
Y ningún grupo de hackers, sea argelino, marroquí, español o de cualquier otra procedencia, puede sustituir a las instituciones españolas competentes.
Si existen indicios de espionaje, corresponde a los organismos competentes investigarlos y, si existen responsabilidades penales, corresponde a los tribunales determinarlas.
Pero mientras eso no ocurra, convertir nombres publicados en internet en culpables públicos puede causar un daño enorme. Una acusación de espionaje puede complicar seriamente la vida de una persona en España: su empleo, sus relaciones profesionales, su seguridad y su reputación. Y las consecuencias pueden extenderse injustamente a su pareja, sus hijos, sus hermanos y otros miembros de su familia.
La ironía de nuestro tiempo es terrible: para destruir una reputación pueden bastar treinta
segundos, un teléfono móvil y el botón de compartir; para recuperarla pueden no bastar muchos años.
Criticar a Marruecos es legítimo. Investigar posibles actividades ilegales es imprescindible.
Convertir a los marroquíes en sospechosos por defecto es otra cosa.
España también fue un país del que la gente quería marcharse.
La prosperidad tiene muchas virtudes. Una de sus pocas enfermedades es la amnesia.
España conoce perfectamente lo que significa que una parte de su población mire hacia países más prósperos buscando las oportunidades que no encuentra en casa.
Durante las décadas de 1950, 1960 y comienzos de los setenta, millones de españoles
marcharon hacia Francia, Alemania, Suiza, Bélgica y otros países europeos.

No emigraban porque despreciaran España. Emigraban porque querían vivir mejor.
Muchos trabajaron en fábricas, minas, construcción, agricultura y servicios. Conocieron la
precariedad, las dificultades administrativas, los alojamientos modestos y también los prejuicios que las sociedades más ricas reservaban entonces a los trabajadores pobres procedentes del sur de Europa. También existió emigración irregular.
Afortunadamente, España cambió. Creció, se modernizó, se democratizó y mejoró
extraordinariamente las condiciones de vida de sus ciudadanos.
Pasó de ser un país del que millones necesitaban marcharse a convertirse en uno de los países a los que otros desean llegar. Eso constituye uno de los grandes éxitos de la España
contemporánea.
Pero ascender no debería obligarnos a borrar de la memoria la planta desde la que subimos.
Recordarlo no significa afirmar que todas las migraciones sean iguales. Tampoco significa que España deba renunciar a gestionar la inmigración.
Significa algo mucho más sencillo: cuando un joven mira hacia un país más próspero
imaginando que allí encontrará el futuro que no encuentra en el suyo, está expresando una
aspiración que millones de familias españolas conocieron muy bien: buscar una vida mejor.
Marruecos debe asumir también su responsabilidad.
Nada de lo anterior puede servir para que Marruecos eluda sus propias responsabilidades.
La crítica a determinados discursos existentes en España no puede convertirse en una excusa para no mirar hacia dentro.
Marruecos ha cambiado profundamente durante las últimas décadas y dispone hoy de muchas más capacidades para transformar la vida de sus ciudadanos. Precisamente por eso debemos exigirnos más.
¿Qué estamos haciendo para reducir las desigualdades? ¿Qué futuro estamos ofreciendo a
nuestros jóvenes? ¿Por qué el origen social continúa condicionando demasiado las
posibilidades de avanzar? ¿Por qué tantos jóvenes siguen asociando Europa con oportunidad y su propio país con espera?
Y, después de una tragedia como la ocurrida en Ceuta: ¿qué vamos a cambiar para que no
vuelva a ocurrir?
La respuesta no puede consistir únicamente en reforzar controles o esperar que pase la crisis.
Si miles de jóvenes están dispuestos a arriesgar la vida, Marruecos debe preguntarse qué
existe detrás de esa desesperación y actuar sobre sus causas.
Y cuando algunos de esos jóvenes mueren, la responsabilidad del Estado no desaparece con ellos. Ahí comienza otra obligación: hacer todo lo posible para identificarlos, cooperar para que sus familias sepan qué ha ocurrido y garantizarles el trato digno que merece cualquier persona fallecida .Un país debe acompañar a sus ciudadanos en sus aspiraciones, pero tampoco puede abandonarlos en sus fracasos. Mucho menos después de su muerte.
Antes de preguntarnos únicamente cómo defender nuestros intereses nacionales, deberíamos formularnos también otra pregunta: ¿cómo recuperamos la esperanza de nuestros jóvenes?

De Isabel la Católica a los hijos de la Transición

Existe una frase histórica que merece ser recordada, pero quizá no por las razones habituales.
En su testamento de 1504, Isabel la Católica dejó a sus sucesores una recomendación propia del mundo político y religioso en el que vivió:

«que no cesen en la conquista de África e de pugnar por la fe contra los infieles».
No deberíamos escandalizarnos porque una reina de finales del siglo XV pensara como una
reina de finales del siglo XV.
Era una época de conquistas, guerras religiosas y enfrentamientos territoriales. Cristianos y
musulmanes se miraban frecuentemente como adversarios y la fuerza militar constituía uno de los instrumentos fundamentales de las relaciones entre poderes.
La cuestión verdaderamente interesante no consiste en juzgar a Isabel la Católica con los
valores del siglo XXI. Consiste en preguntarnos: ¿qué hacemos nosotros, más de quinientos años después, con aquella herencia mental?
España ha demostrado en su historia reciente que es capaz de transformar profundamente su manera de entenderse a sí misma.
Después de décadas de dictadura y de una historia marcada por profundas divisiones, la
Transición abrió una nueva etapa. Las elecciones democráticas de 1977 y, posteriormente, la Constitución de 1978 simbolizaron la voluntad de construir un país basado en el pluralismo, la convivencia y la búsqueda de acuerdos entre personas que no pensaban igual.
Los padres de la Transición no eliminaron las diferencias. Aprendieron a convivir con ellas.
Han pasado casi cincuenta años desde aquellas elecciones. Los padres de la Transición
hicieron su trabajo. Ahora corresponde a los hijos de la Transición hacer el suyo.
Y una parte de ese trabajo podría consistir en construir una nueva mirada hacia el vecino del sur: una mirada que no exija olvidar los desacuerdos; que no obligue a españoles y marroquíes a interpretar de la misma manera todos los episodios de su historia; que permita discutir con firmeza cuando sea necesario; que permita criticar a Marruecos sin despreciar a los marroquíes; y que permita a un marroquí expresar una discrepancia con España sin que automáticamente se interprete como hostilidad hacia los españoles.
Hemos cambiado las carabelas por aviones, las cartas por teléfonos móviles y los mapas
medievales por satélites. Quizá también haya llegado el momento de actualizar algunas
mentalidades.

Quinientos años después, reformulemos aquella recomendación.

Por eso quizá haya llegado el momento de hacer algo simbólico.

No borrar las palabras de Isabel la Católica. No esconderlas. Tampoco juzgarlas como si
hubieran sido escritas ayer. Sino reformularlas desde los valores democráticos del siglo XXI.
Si hace más de quinientos años una reina pidió:

«que no cesen en la conquista de África e de pugnar por la fe contra los infieles»,

los hijos de la Transición podrían responder hoy:
Que cesen las lógicas de conquista, humillación y enfrentamiento, pero que no cesemos nunca en conocernos, escucharnos, respetarnos y cooperar.
Que no cese el diálogo cuando tengamos desacuerdos.
Que no cese el respeto cuando nuestras interpretaciones de la historia sean diferentes.
Que no cese la solidaridad cuando un ser humano necesite ayuda, independientemente de su nacionalidad.
Que no cese nuestra obligación de respetar a los muertos y acompañar a sus familias.
Que no cese la lucha contra el racismo, el odio y la deshumanización.
Que no cese la responsabilidad de Marruecos de ofrecer oportunidades y esperanza a sus
jóvenes.
Que no cese la responsabilidad de España de impedir que un desacuerdo con Marruecos se
transforme en hostilidad hacia los marroquíes.
Que no cese nuestra capacidad de criticarnos mutuamente sin convertir la crítica en desprecio.
Y que no cese, sobre todo, la voluntad de construir una relación entre dos pueblos vecinos
basada no en quién venció a quién hace cinco siglos, sino en qué podemos construir juntos
durante los próximos cincuenta años.
Ese podría ser el nuevo testamento. No uno escrito contra nadie. Uno escrito entre todos.

Dos países que pueden decidir qué hacer con su futuro.

No necesitamos elegir entre querer a Marruecos y respetar a España.
Precisamente porque queremos que Marruecos avance debemos ser capaces de criticar
duramente aquello que hace mal.
Marruecos debe preguntarse por qué tantos jóvenes siguen buscando fuera las oportunidades que deberían encontrar dentro. Debe reducir las desigualdades, mejorar la movilidad social y garantizar que la dignidad de sus ciudadanos sea protegida en la vida y también después de la muerte.
Y precisamente porque respetamos a España debemos poder señalar también aquello que nos preocupa.
España tiene derecho a gestionar la inmigración, proteger sus servicios públicos y exigir
responsabilidades a Marruecos. Pero ninguna de esas cuestiones debería justificar la deshumanización de los marroquíes ni convertir una tragedia en una oportunidad para alimentar el rechazo hacia todo un pueblo.
Los desacuerdos seguirán existiendo. Ser vecinos no significa pensar igual. La madurez
consiste precisamente en poder discrepar sin necesitar convertir al otro en enemigo.
Los padres de la Transición demostraron que incluso después de décadas de profundas
divisiones era posible abrir una etapa diferente.
Quizá haya llegado el momento de que sus hijos demuestren que también es posible construir
una nueva etapa en la manera de mirar al vecino del sur.
España y Marruecos no pueden cambiar su geografía. Tampoco deberían borrar su historia.
Pero sí pueden decidir qué quieren hacer con ambas.
Y quizá la verdadera madurez entre nuestros pueblos comience el día en que podamos
escuchar la historia del otro sin sentir que amenaza la nuestra.