MEDIDAS PARA SALVAR UNA JUSTICIA DE SÍ MISMA

Por Ray Lorens

El  buen «hacer» de la justicia en España está siendo cuestionado y saliendo bastante mal parada ante la opinión pública española e internacional. El 65% de los españoles piensa que hay Lawfare, según un estudio publicado por el diario El País.

Con este panorama y para evitar que se produzca más daño a la justicia y a la credibilidad de las instituciones democráticas es preciso actuar de forma decidida, transparente y contundente.

El pueblo debe de ser conscientes de que toda democracia liberal se sustenta en tres poderes separados: el poder legislativo que emana del pueblo, quién expresa su mandato en las urnas, el poder ejecutivo que emana del parlamento y el poder judicial que en España se regula así mismo y que sólo es controlado por si mismo. Es un gran error permitir que solo los jueces nombren jueces, que sólo los jueces sancionen jueces, que sólo los jueces designen a sus jueces para sucederles. En un mecanismo así el poder legislativo y ejecutivo quedan al albur de los caprichos del tercer poder todopoderoso. Un tercer poder que en la práctica puede tener un gobierno intervenido en base a imputaciones y apertura de juicios.

En el año 2015, con el gobierno de Mariano Rajoy, se aprobó la ley que exoneraba a los jueces de responsabilidad civil por errores judiciales, abusos judiciales o posible quiebra de derechos fundamentales. Mariano Rajoy tuvo que ser, el PP tuvo que ser, el Partido con más casos de corrupción de la democracia española tuvo que convertir a los jueces en una suerte de HOMBRES-DIOS ante el silencio del resto de fuerzas políticas.

Las consecuencias las tenemos todos frente a nuestras narices.

Me parece muy bin las quejas, el rasgarse las vestiduras, el exigirle al presidente del gobierno -como hace Rufián- que haga algo, que agotar la lgislatura está bien pero para hacer qué. l asunto es que lo suelta en su intervención parlamentaria y no hace ninguna propuesta concreta, nada.

La derecha y la extrema derecha, que en España es lo mismo, que pena que no existan demócratas cristianos, liberales de verdad no esa gentuza de neoliberales qu pretenden robar a los españoles todo: las pensiones, la educación, la sanidad, todo…; pues bien, la derecha y la extrema derecha que en España es lo mismo utiliza la justicia para que ante la opinión pública española se vean todos los casos de corrupción pendientes del Partido Popular llenándose los bolsillos con dinero público, atentando a la democracia creando la «policía patriótica» o pretendiendo destrozar a partidos políticos con aproximadamente treinta juicios por corrupción que resultaron ser falsos pero efectivos, porque perdieron la credibilidad en la sociedad, entre sus votantes por crearles una mala e inmerecida fama que pagaron con un descalabro en las urnas. Y todo, mientras el PSOE guardaba silencio por pensar que electoralmente ello les favorecía al convertir sus candidaturas en candidaturas dónde recolectoras de los votos de otros. Y por eso ahora, el mismo PSOE,  está pagando las consecuencias. Los compañeros te gustarán más o te gustarán menos, pero cuando a los compañeros se les ataca de forma injusta mirar para otro lado no db de volver a ocurrir más.

Dicho esto, ¿Qué hacer ahora?

Ante una situación de tal gravedad, que pone a la misma democracia en peligro, el Gobierno de España, o a propuesta de dos grupos parlamentarios, según marca el reglamento de la cámara, deben de poner de inmediato a la Comisión Parlamentaria de Justicia a investigar a todos aquellos jueces de los que existen indicios de corrupción y de contaminación política de un órgano y unas profesiones, jueces, magistrados, fiscales que deben de velar por mantener su objetividad absoluta para garantizar que siempre se aplicará una justicia limpia.

EL PARLAMENTO DE ESPAÑA DEB DE PONER A LA COMISIÓN PARLAMENTARIA DE JUSTICIA A TRABAJAR PARA INVESTIGAR EL PAPEL DE JUECES Y FISCALES 

La Mesa del Congreso, dos grupos parlamentarios o la quinta parte de los diputados pueden proponer al Pleno la creación de una Comisión de Investigación.

La Comisión de Justicia Parlamentaria para evaluar la situación y convocar tanto a los miembros del Tribunal Supremo como del Consejo del Poder Judicial y al resto de los jueces, para aclarar si hay o no «presunto» comportamiento contaminado.

Recordando que » Todos los ciudadanos españoles y extranjeros que residan en España están obligados a comparecer ante una comisión de investigación si así se les solicita, de acuerdo con determinados procedimientos».

EL PODER EMANA DEL PUEBLO, NO DE LOS JUECES POR ESO LOS JUECES Y FISCALES CUYAS ACTUACIONES SEAN SOSPECHOSAS DE CONTAMINACIÓN ESTÁN OBLIGADOS A COMPARECER ANTE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Lo que significa obligar a jueces y fiscales a sentarse, en calidad de «comparecientes» en el Congreso obligados a contestar a todas las preguntas de los grupos parlamentarios ante las cámaras y medios de comunicación nacionales y extranjeros.

Y si se les ocurre esgrimir , para evitar las comparecencias democráticas, acusar de intentos de injerencia en la justicia por parte del gobierno y del poder legislativo será necesario resituarlos recordando que el poder sólo emana de las urnas y que están obligados a rendir cuentas a los ciudadanos.

ANTE «PRESUNTA» INCOMPATIBILIDAD DE COMPARECER SOBRE CASOS DE  PROCSOS JUDICIALES EN CURSO

Se  les deberá de obligar a comparecer por las juicios ya concluidos, aunque estén recurridos y elevados a otras instancias, para contestar al menos a las siguientes cuestiones que a toda la sociedad le preocupa. Y para ello deberán sentarse como comparecientes, por muy jueces y magistrados que sean, los miembros del Tribunal Supremo, la jueza Beatriz Belmaz, el Juez Juan Carlos Peinado para responder ante sus señorías electas de ver:

1. ¿Cómo es posible establecer una sentencia de culpabilidad sin pruebas concluyentes, en contra de las declaraciones de los testigos y dando más valor a las conjeturas de un mando policial o de conjeturas vertidas y sospechas?
2. ¿Cómo es posible que se ejecute un registro en el despacho del Fiscal General del Estado dando lugar a un quebrantamiento del poder y a una violación clara del delito al honor y a la privacidad y, que así mismo, el hecho de que se hubieran borrado datos del teléfono sirviera para incriminar a un fiscal perro que se acepte para el novio de la presidenta madrileña?
3. ¿Cómo es posible que existiera relación entre personas que presentaron la denuncia y participaron de la causa con la contratación pagada de una conferencia del presidente de ese tribunal?
4. ¿Cuales son las «presuntas» relaciones entre los miembros del Tribunal Supremo con el P.P y con Vox?
5. ¿ Cómo es posible que la jueza encargada del caso contra David Sánchez fuera una jueza acusada ante la Audiencia Provincial de Badajoz de forma reiterada de quebrar derechos fundamentales en sus causas y que se la tapara en instancias superiores sgún denuncian magistrados que la denunciaron?
6. ¿Cómo es posible  que la jueza Beatriz Belmaz aceptara iniciar un proceso contra un ciudadano sólo por la publicación de artículos sin que se les aportara pruebas sólidas?
7. ¿Cómo es posible que se aceptará que la jueza Beatriz Belmaz, quién ha participado en una manifestación «contra el gobierno sanchísta» y contra «la ley Bolaños» no se le declarara incompatibilidad en el caso?
8. ¿Cómo es posible que por artículos publicados sin pruebas y denuncias de asociaciones de extrema derecha , en las que no aportan una sola prueba, el juez Juan Carlos Peinado acepte el caso?
9. ¿Cómo es posible que aunque la investigación de la UCO aporte que no hay enriquecimiento alguno de Begoña Gómez, ni se compruebe delito de malversación de fodos, ni tráfico de influencias, el juez Juan Carlos Pinado continúe con la instrucción, le retire el pasaporte, le amenace a la esposa del presidente del gobierno a conducirla por la fuerza a declarar si no se presenta, se le impida asistir a la cumbre de la OTAN a Ankara, se le niegue en definitiva su presunción de inocencia y se le pida un jurado popular?.
10. ¿Cómo es posible que la audiencia provincial de Madrid apruebe un juicio popular contra una persona a la que se ha denunciado pero cuyas denuncias no aportan una sola prueba? Respuestas que sólo los miembros que integran la Audiencia Provincial de Madrid deberán responder personándose en calidad de Comparecientes ante la Comisión Parlamentaria de Justicia para responder obligados a todas estas preguntas.
11. ¿ Es cierto que el juez Juan Carlos Peinado vulnerando la ley tiene otras formas de financiación personal o negocios y una casa que esta edificada sobre un terreno qu no es urbano?
12. ¿ Cuales son las relaciones, nexos o vinculos ntre el juez Juan Carlos Peinado con el P.P? ¿Es cierto que su esposa trabaja para el ayuntamiento del PP, en calidad de qué? ¿Es cierto que una de sus hijas trabaja como concejala electa del PP en un pueblo?

 

Estos son algunos de los ejemplos que pongo para invitar a los grupos parlamentarios y a la mesa del Congreso para que trabajen.

Pero hay bastantes más.

NO DEBE QUEDAR IMPUNE NINGUNA ACTITUD «PRESUNTAMENTE» INDIGNA QUE PROCEDIENDO DE LA JUSTICIA A QUEBRANTADO EL PODER O EL DERECHO DE LAS PERSONAS.

Los jueces, fiscales, magistrados, autores del caso de los ERES de Andalucía a comparecer, porque después de mucho tiempo se demostró que las acusaciones resultaron falsas ya que los ERE fuero aprobados por unanimidad, esto es con los votos también del PP, por el Parlamento Andaluz.

Los treinta casos llevados contra el partido PODEMOS, aún a sabiendas que eran falsos, deberán sentarse también en la mesa del Congreso los jueces, fiscales y magistrados, entre ellos García Castellón, y mandos policiales que participaron de ellos. Todos en calidad de comparecientes y obligados a contestar como comparecientes las preguntas de los grupos parlamentarios.

Y, por supuesto, cuando los juicios aún en proceso vayan terminando sus señorías deberían ir a rendir cuentas. Pues , por ejemplo:

1. ¿Cómo es posible que el caso Zapatero el juez acepte como prueba conversaciones de teléfonos clonados fuera de España por los norteamericanos y filtrados por ese mismo país?
2. ¿Cómo es posible que Isabel Díez Ayuso supiera que se le echaba encima una operación policial a Zapatero?
3. ¿Cómo es posible emitir sin una prueba una orden de registro en el despacho del ex presidente?

IMPRESCINDIBLE LA COMPARECENCIA DE TODOS LOS JUECES Y FISCALES QUE SE REUNIERON CON ALBERTO FEIJOO PARA OFRECERLE SU APOYO AL PP

La reunión fue convocada por la conservadora Asociación de Fiscales el pasado 18 de abril con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Muchos miembros de la carrera judicial consideran «escandaloso» cómo se pronunciaron los participantes de ésta, porque abandonaron «toda la neutralidad que se exige» a la carrera Fiscal al mostrar abiertamente su deseo de que Feijóo gane las elecciones.

Recalcan que allí se encontraban «todos los líderes de la fiscalía conservadora» planteando «un asalto al Estado» y que su actitud “resta legitimidad” a sus decisiones judiciales.

subrayan que Antonio Narváez, que mostró abiertamente su deseo de que gobierne Feijóo y definió como «filoetarras» a Bildu según El País, es en la actualidad fiscal de la Sala de lo Contencioso del Supremo, donde acaban los recursos contra las leyes del Gobierno, y que hasta hace poco fue magistrado del Constitucional, donde fue ponente de varias sentencias para declarar inconstitucional el Estado de Alarma.

La actitud de Narváez en la reunión pone en entredicho si su motivación fue política a la hora de redactar esas sentencias, según estas fuentes.

“¿Le ha sobrevenido de repente ese fervor por el PP y Feijóo o ya estaba influenciado por él cuando redactó las ponencias sobre el Estado de Alarma?”, se preguntan, para concluir que “ahora están en cuestión aquellos textos” Distintos jueces y fiscales consultados por la SER lo definiron en sos términos.

Consuelo Madrigal, también fue autora de un polémico artículo contra el Estado de Alarma y presionó al fiscal jefe del Supremo para admitir querellas contra el Gobierno por ese supuesto. También se opuso al indulto en el procès y realizó comentarios partidistas en el cónclave. Recientemente se opuso a la admisión de la querella contra el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, por sus WhatsApp con el exnúmero 2 de Interior con el PP, Francisco Martínez, en plena investigación secreta de la operación Kitchen, en un escrito plagado de errores y omisiones.

Distintas fuentes coinciden en lamentar que estos fiscales, que criticaron con dureza al Gobierno y abogaron por una victoria de Feijóo, le aplaudieron en la reunión cuando les reveló que no pensaba renovar el Poder Judicial, en contra de su mandato constitucional.

Cuando la SER se ha puesto en contacto con la presidenta de la conservadora Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, para explicar el contenido de esa reunión que organizó con el líder de la oposición, pero ha declinado hacer declaraciones.

Pero podía continuar y continuar con una larga lista de preguntas que suscitan interés sean respondidas, pero dejemos ese trabajo a los abogados

Y esto es fundamental porque lo que está llegando a la sociedad española por una mayoría de medios de comunicación conservadores y de extrema derecha es un discurso cerrado, en bloque, tendencioso y manipulador que no pretende informar ya que lo que hace es utilizar los derechos de la libertad de expresión para desinformar y crear una muy amplia animadversión contra partidos políticos o personas que pudieran ser inocentes al objeto de reconducir las preferencias electorales de los españoles.

HAY QUE ROMPER EL RELATO MONOTEMÁTICO E INTERESADO  DE LA DERECHA Y ESO SE CONSIGUE FORZANDO COMPARECENCIAS A LUZ Y TAQUIGRAFOS DE LOS TOGADOS RESPONDIENDO AL PARLAMENTO.

Y esto es así, porque mientras juzgaban y condenaban- sin pruebas- a un Fiscal General del Estado acusándole de filtraciones a medios , dsde los tribunales de justicia no se han parado de filtrar que iban a procesar a Begoña Gómez, al mismo Fiscal General del Estado, al hermano de Zapatero, al ex presidente del gobierno José Luis Rodriguez Zapatero a políticos del P.P y de Vox que no han parado en jactarse de tener buenas y privilegiadas informaciones. Ilegalidad total y reiterada manifiesta.

 

EL ANUNCIO DEL INICIO DE LA COMISION DE INVESTIGACION PARLAMENTARIA DE JUSTICIA ARMARÁ UN GRAN REVUELO

Sin duda, pero si hay golpismo institucional, si este existiera, les va a hacer cambiar el paso, las coartadas y los tiempos. Y de eso se trata. De saber si hay golpismo o no. Y si hay golpismo poner nombre y apellidos a los culpables es obligatorio.

El revuelo que ocasionará que la Comisión Parlamentaria se ponga a trabajar también cambiará determinados argumentos entre los socios del gobierno de coalición:

Nadie podrá decir ya que no se hace nada, ni que el gobierno se mantiene de brazos cruzados. Evidentemente la catetada de «Confianza en la justicia» es necesario dejar de repetirla como un mantra, por lo menos, hasta tener el informe de la Comisión Parlamentaria. Ya que lo a estás alturas es evidente es que la justicia española tiene su credibilidad por los suelos.

La confianza se gana pero no se regala. Y las actuaciones de esta justicia ha arrastrado su nombre por el barro.

Hoy que la noticia enorme es como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que la ley de amnistía está bien hecha y de acuerdo a la legalidad dando la razón al gobierno. Hoy, justamente han esperado hasta hoy para anunciar que la esposa del presidente del gobierno será juzgada por un jurado popular. Hasta los tiempos y la agenda la marcan ellos, los togados. Eso no debe de seguir siendo así.

Ni se debe de permitir la imputación de Mercedes González por reunirse con Leire Díaz ¡ Qu se reúna con quién la salga del coño!  Ya está bien de inquisidores. Mandan los civiles elegidos por las urnas no funcionarios cuya obligación es la de acatar órdenes , no de cuestionar o quebrar cadenas de mando.  Como esos generales de la Guardia Civil que se permiten poner a car de un burro en declaraciones o en Rdes Sociales al DAO de la Guardia Civil. ¿Quieren hacer política? Pues que se presenten a las elecciones. No quieren hacer política pues que se callen. No hay otra. Porque parecen una pandilla de machirulos y damas de hierro con unos u otros uniformes o sotanas vestidos intentando imponer sus santos reales , la democracia no es que tu ganas las elecciones pero tienes que contar conmigo a ver si me gustan tus cambios o te echo pulsos e invento como intervenirte. Ahhh ¿Qué no es eso? Pus «presuntamente» , enmarqumos en grande, subrayado y con negrilla lo de «Presuntamnte» y «Presunto».

Ahora se les debe obligar a comparecer a todos ellos hasta poder elaborar un informe tan minucioso que entre otras cosas deberá contestar :

1. Si ha habido violación, retorcimiento e incumplimiento de las leyes y de los derechos fundamentales de los acusados. Si se ha quebrado el derecho garantista, el trabajo de los abogados defensores, si ha habido ocultamiento de pruebas qu demostraran la inocencia o, por lo menos, que no han sido tenidas en cuenta para elaborar una sentencia. Posibles conexiones de jueces, magistrados, fiscales de los casos con el Partido Popular y Vox; si se han tapado denuncias contra jueces y fiscales acusados de corrupción y s les ha dejado que continúen oficiando o no, y de haberlos quienes son y quienes les han tapado y por qué; Si existe o no en la magistratura, en el poder judicial, n la carrera fiscal y judicial de juecs que violando la ley tienen otras formas de ingresos y actividades económicas a su nombre o de sus hijos pero con indicios que fueran suyas.
2. Si hay mandos policiales y de las fuerzas de seguridad  del Estado con conexiones con el PP o Vox o asociaciones de extrema derecha y los jueces y fiscales conservadores que han abierto instrucciones  o bien ya celebrados contra partidos, asociaciones, personas del ámbito progresista que resultaran casos falsos.
3. Si hay garantía procesal y judicial que de garantía a los españoles de contar con un poder judicial ejemplar y confiable o no.

Un informe que debería ser presentado por igual a la Mesa del Congreso, al gobierno, a los grupos parlamentarios y publicado en la web del Congreso de los Diputados en abierto,  para ser debatido en Cortés, con carácter de urgencia, la necesidad o no de presentar al parlamento un Proyecto de ley integral de Reforma de la Justicia, pero que lo vote el Parlamento en esta misma legislatura .

No debe volver a tolerarse más criterios clasistas para argumentar que ante la dificultad que entraña el conocimiento de la justicia sea el poder ejecutivo, que son los que conocen las leyes, los que deberán estar encargados de seleccionar los candidatos a jueces o fiscales que se presenten a cubrir plazas, o los encargados de sancionar llegado el caso. Error.

Las diversas cúpulas del poder judicial deben ser renovadas por cuatros años, el mismo plazo con el que cuenta una legislatura para gobernar, los órganos  judiciales y de fiscales serán disueltos por ley al cumplimiento de cada legislatura y renovados en base proporcional real al resultado arrojado por las urnas para cada grupo con representación parlamentaria.

Y deben de crearse comisiones institucionales con capacidad sancionadora y de adjudicación de plazas vacantes o suspensión de juicios improcedentes que quiebren los derechos fundamentales. Comisiones que en ningún momento deberán estar subyugadas al poder judicial

En el pecado está el castigo , las largas décadas de repartirse a espalda del resto de fuerzas parlamentarias las mayorías en los órganos del poder judicial, Consejo General del Poder Judicial y otros, entre el PP y el PSOE (de Felipe González) son tiempos que han dado lugar a esto.

He de decir, para ir terminando, que considero ciertamente escandaloso que una vez consultada la web del Congreso de los Diputados, como lo pueden hacer cualquiera de ustedes, observé que la Comisión Parlamentaria de Justicia no registra actividad -que debería ser de máxima urgencia- ni tiene fijada reunión a corto plazo de la misma.

Esto a mi forma de ver es irresponsable, pero cuando recordamos que todos ellos mensualmente mantienen el cobro de sus sueldos como parlamentarios, resulta ya como mínimo urticante.

No creo que sea suficiente tampoco la «ley Bolaños» quién busca incluir cientos y cientos de nuevos jueces y fiscales, porque mi muy estimado ministro me temo que será un coladero de hijos, amigos, primos, hijos de amigos cuñados y casi todos de la misma cuerda. El poder judicial es un poder que se regula así mismo, sólo los jueces eligen a los juces, sólo los juces sancionan a los fiscales y a los jueces. Y cuando un poder separado del estado goza de ese caparazón protector las posibilidades de la injerencia de competencias contra el poder ejecutivo y judicial van en aumento. Entre otras cosas porque juntando una mínimo de 144 diputados y u máximo de 164 diputados, contando con el apoyo de medios de comunicación, el apoyo para obtener acusaciones privadas y ahí están las asociaciones de extrema derecha más los partidos con representación parlamentaria interesados, pueden permitirse «presuntas» aperturas de procesos aceptando las denuncias que terminen en suplicatorios al Congreso para que aprueben la aplicación de los artículos 102.1 y 102.2 de la Constitución española para sentar -si quieren- al presidente del gobierno y sus ministros ante los tribunales donde se les pedirá años de cárcel por cargos que no importara si los han cometido o no. Es esto y no otra cosa lo que está en juego.

Es un «presunto» golpe de Estado, sin tanques pero con el gobierno en la cárcel acusados de la corrupción que no tuvieron y eso no sólo es hacer trampas, también es privarles de ser reconocidos si llega a darse el caso no como perseguidos o presos políticos sino como presos comunes justificación que srá esgrimida ante la opinón pública y la comunidad internacional y siempre en nombre de la Democracia y la Libertad.