Comadreja Montoro
La Comadreja que inventaba impuestos para pobres y leyes para ricos
Cristóbal Ricardo Montoro Romero
La carrera de este personaje es apabullante y de la mano de aquellos que sin presentarlo en el programa electoral, el P.P, se ponen a privatizar todas las empresas públicas que eran propiedad de la ciudadanía española.
Ciertamente debería aprobarse una ley que impidiera que todo aquello que no ha sido refrendado por un programa electoral votado no pueda acometerse sin un referendum vinculante.
Este impresentable en las elecciones generales del 12 de marzo de 2000 fue elegido diputado del Partido Popular por Jaén y el 27 de abril de ese año Aznar anunció su nombramiento como ministro de Hacienda. En 2001 se separó de su primera mujer, Josefina Duro.[8]
Tras las elecciones de 2004, en las que llega al poder el PSOE con mayoría simple, cesa en su cargo y es elegido eurodiputado en las elecciones de ese mismo año.[9]
En 2008 vuelve a ser elegido diputado por Madrid, ocupando el cargo de portavoz en la Comisión de Economía y Hacienda hasta su nombramiento como ministro el 22 de diciembre de 2011.
Tras la victoria del Partido Popular en las elecciones generales de 2011, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le escogió como ministro de Hacienda, volviendo al cargo que ya ocupó en el segundo Gobierno de José María Aznar.[10] Además, también asumió las competencias de relaciones con otras administraciones y con los funcionarios.[11] El 22 de diciembre de ese año, en la ceremonia habitual en el Palacio de la Zarzuela, tomó posesión como ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ante el rey Juan Carlos I.[12]
El 3 de noviembre de 2016, el presidente Mariano Rajoy confirmó a Montoro como titular del Ministerio de Hacienda, aunque perdería las competencias relativas a las relaciones con las administraciones públicas, que pasarían al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales que dirigía la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría.[13] La cartera mantendría, sin embargo, las competencias de Función Pública.[13] Así, el 4 de noviembre de 2016, en un acto conjunto de toma de posesión del nuevo gobierno, el segundo de Mariano Rajoy, juró su cargo como ministro de Hacienda y Función Pública ante el rey Felipe VI.[14]
Fue presidente de la Comisión de Economía y Empresa en el Congreso de los Diputados al final de la XII legislatura
La imputación del exministro Cristóbal Montoro y el levantamiento del secreto de sumario de la causa que investiga un juzgado de Tarragona ha revelado la existencia de una presunta trama corrupta en las más altas instancias del Ministerio de Hacienda del Gobierno ‘popular’ de Mariano Rajoy, con el fin de beneficiar a empresas gasistas mediante reformas legislativas a cambio de importantes comisiones. El juez sitúa a Montoro como el eje central, pero hay múltiples ex altos cargos del Gobierno y la Administración nombrados por él, y también con relevancia en la etapa de José María Aznar, que habrían ostentado un papel «decisivo» en todo el caso. El instrumento de la trama era un despacho de abogados creado por el exministro, Equipo Económico, a quien pagaban las empresas beneficiadas.
Aquí, unas claves del caso a raíz del auto de imputación del juez Rubén Rus, del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona:
El hallazgo casual de un correo inicia la investigación
Las actuaciones judiciales se iniciaron a raíz del hallazgo casual de un correo electrónico ya que manifiesto la existencia de posibles pagos a Equipo Económico (EE) «a fin de obtener modificaciones legislativas favorables» para empresas gasistas. Esto llevó al juzgado a incoar diligencias previas y a decretar secreto de las actuaciones en 2018, hasta ahora.
La trama de empresas beneficiadas por Montoro
Las empresas Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos, todas ellas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), que era quien contrató a EE «a fin de que hiciese uso de su red de influencias con el fin de llevasr a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones».
El Modus Operandi que tenía Equipo Económico
La AFGIM contrató a Equipo Económico en dos ocasiones después de haber intentado, sin éxito, «conseguir que se legisle en base a sus intereses». Habían acudido a diferentes consultoras sin resultados satisfactorios.
«En poco tiempo, y sin causa aparente, consigue que las reformas legislativas se desarrollen ateniendo a las peticiones de la AFGIM, que incluso llega a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos», expone el juez.
Fragmento del auto de imputación de Cristóbal Montoro que resume la presunta trama corrupta RTVE.ES
La trama logró dos rebajas fiscales de gran importancia. La primera en 2013, cuando consiguieron una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad; la segunda, en 2018, cuando lograron una rebaja fiscal a las empresas gasistas en el Impuestos sobre Actividades Económicas (IAE) a través de la modificación de un real decreto legislativo.
En ambos casos, la AEGIM, «tras no obtener las reformas pretendidas» por los medios convencionales, había decidido «cambiar su estrategia» y contratar a EE «a sabiendas de que se trata de un gabinete económico» con «acceso» al Ministerio de Hacienda. En los propios correos intervenidos se llega a decir que «la vía más directa, como siempre, es pagar a este EE, que tiene contacto directo» con el Ministerio de Montoro.
La apariencia es que se contrata a EE para que elabore un informe técnico sobre sus pretensiones. Paralelamente, la AEGIM contrata a la consultora Ernest&Young (EY) para realizar los retoques técnicos necesarios en el informe de EE y para «ocultar» su «falta de consistencia». El juez subraya además que hay una «abrumadora diferencia» entre el pago que se hace a EE y el que se hace a la consultora EY.
Sin embargo, el juez apunta a que «el pago realizado» a Equipo Económico «no obedecería a una prestación real, sino que encubriría una comisión para el ejercicio de su influencia y así lograr la reforma legislativa a su favor».
El auto va más allá e indica que, en ambo casos, la AEGIM redactó parte de los textos legislativos que acabaron finalmente aprobados y que les beneficiaron, «dando lugar a una situación que podría calificarse como de sustitución o externalización indebida en el ejercicio de potestades normativas en la fase pre legislativa de la elaboración de la ley, así como de su reglamento de desarrollo». Así, las empresas gasistas colaboraron «activamente» en la redacción del proyecto que dio origen a la Ley 28/2014 y posteriormente a la Ley 6/2018, interviniendo la AFGIM en el desarrollo reglamentario de las mismas, como así se desprende de los correos intervenidos»:
El juez destaca además que, en ambos casos, las empresas imputadas consiguen sus pretensiones de forma inmediata tras la intervención de EE.
El monto cobrado por el despacho fundado por Montoro
En el periodo entre 2011 y 2019, según el modelo 347 presentado por el despacho de abogados, los pagos recibidos por las empresas gasistas implicadas ascienden a 779.705 euros, «teniendo en cuenta además que los informes técnicos encargados con la finalidad de argumentar sus pretensiones ante el poder público son elaborados por terceras instancias y, en el mejor de los casos, retocados por EE, a pesar de ello las minutas del despacho investigado pueden multiplicar por diez lo cobrado por las consultoras que confeccionan los informes».
Modificación de la ley de juego online
EE recibió «numerosos y cuantiosos pagos» de Codere, incluso «anteriores a la entrada del PP en el Gobierno». Se detectaron hasta cinco pagos por un total de 679.000 euros entre 2008 y 2012. «Lo interesante de estos pagos obedece tanto a lo publicado en diferentes medios sobre la relación de Codere con Equipo Económico y los cambios legislativos que beneficiaron a la primera, como a la vinculación del exministro (de Justicia) Rafael Catalá con la multinacional del juego», apunta el sumario.
Codere llevaba años demandando a los distintos Gobiernos que se regulara el juego online al considerarse «en desventaja con respecto a las empresas del sector del juego online afincadas en otros países» que no tributaban en España.
No lo logró hasta 2011, cuando echó a andar una ley favorable a su actividad bajo el Gobierno de José Luis Zapatero. Sin embargo, una vez el PP entró en el Gobierno meses más tarde, las adjudicaciones de las licencias para operar en España en el juego online se paralizaron. Además, Hacienda, a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Aeat (ONIF), «realizó inspecciones a las empresas extranjeras para que pagaran impuestos sobre el juego con retroactividad a la entrada en vigor de la ley como condición para obtener las licencias».
El papel de Montoro es clave
El papel de Montoro es clave. Ministro de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy (2011-2018), fue también socio fundador, presidente y consejero de Equipo Económico hasta 2008. En su segunda etapa como ministro de Hacienda fue cuando se tramitaron las normas de referencia que beneficiaron a las empresas implicadas, «ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación».
El auto informa de que habría hecho uso «de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE«. El uso de tales potestades, según el auto, habría permitido a Equipo Económico ofrecer a las empresas «reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público».
El juez constata que Montoro nombró entre sus altos cargos a personas «estrechamente vinculadas» con el despacho EE, lo que «aseguraría» que las normas se redactasen «a demanda» de las empresas investigadas tras aceptar pagos por ello. «Así, los nombramientos efectuados por Montoro permiten que el control de los órganos con competencias decisivas en la tramitación de las normas de referencia quedase vinculado al despacho».
Los otros imputados
De los 28 imputados, siete fueron nombrados directamente por el exministro en las más altas instancias del Gobierno y de la Administración del Estado que ocuparon un papel «decisivo», según el juez:
- Miguel Ferre Navarrete, secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016. Desde el PP aclaran que Ferre no pertenece al equipo económico del PP «ni antes ni ahora» ni ha formado «nunca» parte de la estructura del partido, aunque admiten en Génova que «puede haber colaborado puntualmente» con el Partido Popular.
- Pilar Platero Sanz, subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011 y 2016. Fue, además, consejera y administradora de Equipo Económico.
- Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda y Función Pública desde 2016. Rico fue persona «de máxima confianza» de Montoro, llegando a ser previamente director de su Gabinete.
- Diego Martín-Abril Calvo, director general de Tributos entre 2012 y 2016.
- José Alberto García Valera, director general de Tributos entre 2016 y 2018. Se da la circunstancia de que, en 2018, pasó a ser socio de Ernest and Young.
- José María Buenaventura Zabala, director de Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda.
- Santiago Menéndez Menéndez, director general de la AEAT entre 2013 y 2018.
Además, hay otros dos implicados en la Administración del Estado estrechamente relacionados con Montoro, aunque no nombrados por él: Óscar del Amo Galán, subdirector general de Tributos Locales; y Rogelio Menéndez Menéndez, director económico financiero de Loterías y Apuestas del Estado. Ambos han sido destituidos por el Ministerio de Hacienda tras hacerse pública la investigación.
La causa afecta también a los «socios y administradores de derecho» de Equipo Económico que, antes de pasar al sector privado, habían tenido responsabilidades previas en el Gobierno de Aznar y habrían usado «sus influencias» en el Ministerio de Hacienda para beneficiar a las empresas.
Entre ellos está Ricardo Martínez Rico, hermano de Felipe Martínez Rico y presidente ejecutivo de EE desde 2008. En el pasado había ocupado cargos hasta en tres ministerios del gobierno de Aznar (Comercio, Economía y Hacienda) y también ejerció de secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. También Salvador Mariano Ruiz, director general de la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004; y el que fuera director de su gabinete en esa época, Manuel de Vicente. Igualmente, está imputado Francisco de Asís Piedras, ex director general del Gabinete Técnico en el Ministerio de Hacienda.
El juez también pone el foco en Covadonga Gómez, trabajadora en el departamento de administración de EE que, entre 2009 y 2017, recibía ingresos de las empresas del resto de socios. «Los correos intervenidos ponen de manifiesto que sería la persona encargada de realizar la facturación de la sociedad y reclamar su pago». El juez apunta a su papel como «apoderada o representante en prácticamente todas las empresas presuntamente instrumentales vinculadas a los socios del despacho EE». Además, subraya que percibió retribuciones dinerarias de todas esas empresas y dice que, algunas de las sociedades presuntamente instrumentales creadas por los socios de Equipo Económico se habían domiciliado «bien en el domicilio en que ejerce su labor profesional» o, incluso, «en su domicilio personal».
Además, están imputadas como personas jurídicas las empresas beneficiadas y sus representantes legales.
Los delitos por los que están acusados
El juez considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de siete presuntos delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Por su parte, Equipo Económico remitió un comunicado negando «de forma tajante y rotunda» haber pertenecido a ninguna organización o trama encaminada a obtener modificaciones legislativas favorables a empresas gasistas. Y recuerda que Montoro dejó el despacho a principios de 2008, tras lo que ha permanecido, dice, completamente desvinculado de la firma.
El tiempo dejará todo en su sitio. Pero un ministro tan ramplón sólo ha sido conocido por su predecesor, que casualidad, también del PP, Rodrigo Rato.
