PUBLICADA LA SENTENCIA DEL ESCÁNDALO
La sentencia sirve de prueba ante posibles futuras demandas por prevaricación
Vista general de la sala durante la primera jornada del juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz EFE
Los votos particulares dan credibilidad a las declaraciones de los periodistas y no hay pruebas contra el Fiscal General del Estado.
En contra de la lógica, de la razón, del derecho garantista y de todo lo que significa la presunción de inocencia el Tribunal Supremo con la publicación de esta sentencia pone a la justicia en el ridículo más absoluto.
¿Cómo es posible que se atienda las sospechas, como prueba incriminatoria de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra cuando esta fiscal en calidad de su cargo cuenta en su historial con haber desamparado a las familias de las víctimas de las residencias de ancianos (7231 muertos) al negarse a haber tramitado las denuncias para que hubieran progresado las causas y haber podido llegar hasta los tribunales los «protocolos de la vergüenza»?. ¿Cómo es posible que se condene a un ciudadano sin pruebas y sólo por sospechas?
Provoca tanto rechazo a toda lógica este fallo que con toda seguridad se puede predecir que va a ser revocado por instancias más altas de la justicia: sencillamente porque no se sostiene en nada.
¿Pierde con ello su credibilidad el Tribunal Supremo? No, porque quién pierde credibilidad son las personas que han participado de este fallo votando a favor de esta condena de culpabilidad.
Lo que si que resulta evidente es la estrategia de las derechas del P.P y V.O.X en utilizar la justicia allá dónde encuentran mayoría de jueces conservadores para dedicarse al intento de conseguir hacer triunfar una suerte de golpismo institucional, conocido sobradamente en América Latina como Lavvfare.
LAVVFARE:
Una estrategia militar estadounidense ha sido puesta en boga desde hace algunos años en América Latina para generar golpes de Estado en la región. El lawfare continúa siendo una amenaza latente para los gobiernos progresistas del continente.
El lawfare o guerra jurídica constituye una de las más serias amenazas a la institucionalidad democrática de América Latina. El término proviene de los manuales de estrategia militar estadounidenses y “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”[1] En su aplicación práctica en la confrontación política, los instrumentos jurídicos se desvían indebidamente para perseguir e inhabilitar a adversarios políticos o mandatarios incómodos para los intereses de los poderosos. Se trata de utilizar la justicia como arma política, judicializando la política con la previsible consecuencia de la politización de la justicia. La amplificación mediática interesada que la acompaña cumple la tarea de estigmatizar y causarle un daño reputacional irreparable a la víctima para sacarla del juego político.
La génesis del concepto de lawfare en los manuales de estrategia militar responde a un arraigado principio geopolítico de la seguridad nacional de los Estados Unidos que considera a América Latina y más concretamente a la “América Mediterránea”, compuesta por los países costeros del mar Caribe, un territorio vital para su defensa nacional y fortaleza en el ejercicio del poder global.
Aun cuando el término es relativamente nuevo, el fenómeno ha existido siempre. El arte del engaño es tan antiguo como la política y los juegos de poder.
Con la caída del Muro de Berlín, el mundo que respiraba el fin de la guerra fría no veía con buenos ojos las viejas tácticas del poder militar. Fue entonces cuando las teorías del “golpe blando” se abrieron paso para mimetizar, bajo apariencias jurídicas, la negación de la voluntad popular expresada en las urnas.
En efecto, a partir de 1996, en los países de la región, diez de los mandatarios progresistas democráticamente elegidos y tres candidatos con opciones muy favorables para ganar la presidencia han sido víctimas de las tácticas del lawfare: Hugo Chávez en Venezuela, Manuel Zelaya en Honduras, Ernesto Samper en Colombia, Correa en Rafael Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Gustavo Petro (durante su gobierno como alcalde de Bogotá) en Colombia, Andrés Arauz en Ecuador, Pedro Castillo en Perú y Cristina Fernández de Kirschner en Argentina.
En todos estos casos, los programas de gobierno viraban hacia relaciones más horizontales y soberanas frente a los Estados Unidos, predicaban mayor integración de los países suramericanos dentro de un enfoque multipolar de sus relaciones internacionales y planteaban cambios en el modelo económico, alternativos al neoliberalismo que, a pesar de estar agotado, está todavía en boga entre las élites del continente.
El lawfare ha sido un verdadero torpedo contra el cambio y la democracia y ha logrado camuflar ante la opinión pública internacional verdaderos golpes de Estado bajo la desnaturalización de formas y formalidades jurídicas. En últimas, el lawfare se ha traducido en un instrumento de poder coercitivo que utiliza una supuesta “vía legal” que puede ser percibida como una alternativa menos violenta para conseguir cambios de régimen. Hoy es fundamental reconocer sus alcances y actuar para impedir nuevos golpes de gracia a los gobiernos democráticos empeñados en el cambio, como el anunciado, entre otros opositores, por el expresidente de Acore, el coronel en retiro John Marulanda, en Colombia contra el presidente Gustavo Petro.
Con la firma del documento de esta sentencia contra el Fiscal General del Estado, el presidente del Tribunal Supremo y el resto de los magistrados que le han acompañado en esta sentencia puede que hayan firmado otra cosa: su propia autoinculpación.
